RUEDA DE PRENSA DE MONTSERRAT SUÁREZ, CANDIDATA A DECANA DEL ICAM

Montserrat Suárez Abad, aspirante al Decanato del Colegio de Abogados de Madrid, ofreció ayer una rueda de prensa donde atendió a diferentes medios de comunicación para explicar su programa.

La cabeza de la lista a la Junta de Gobierno promovida por las asociaciones profesionales Ius et Fides y Unión de Abogados abogó por la defensa de la unidad jurídica de España, sostuvo la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas y de la restricción de la acción popular , denunció la falta de transparencia en la creación de la Mutua sanitaria por parte del ICAM y reclamó la necesidad de atención a los ciudadanos por los desahucios bancarios así como la defensa de los abogados del turno de Oficio. 

Éstas son las preguntas formuladas por los medios informativos y las respuestas de nuestra candidata:

- El 18 de diciembre próximo se celebrarán las elecciones para elegir la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, en las que se prevé mayor participación que en otras elecciones. ¿qué diferencias hay con elecciones pasadas? 

- Efectivamente, este año las elecciones al Colegio de Abogados están teniendo un eco desconocido hasta el momento, habiendo despertado un gran interés, además de en los propios colegiados, en los medios de comunicación, y esto es reflejo de las circunstancias que rodean estas elecciones, que hacen que sean importantísimas, y tal es así que se han presentado 10 candidaturas completas y 4 individuales, frente a las dos candidaturas que se presentaron en las elecciones del 2007.

- ¿A qué es debido que estas elecciones estén teniendo un gran eco, no solo entre los abogados, sino en los medios de comunicación? 

- En estas elecciones concurren determinadas circunstancias que han coadyuvado a la movilización de los abogados madrileños. Así, el grave problema que padecen los abogados del turno de oficio, la supresión del servicio médico del Colegio por una Mutua sanitaria, la Ley de Tasas, ya aprobada, o las próximas reformas previstas, como la del ejercicio de la acción popular, que considero absolutamente injusta, y diría que inconstitucional, amén de otras posibles reformas que se podrían avecinar, como la posible declaración del mes de agosto como hábil, que resultaría caótico para la mayoría de los abogados que no forman parte de grandes despachos, que se ven imposibilitados de ser sustituidos y a los que se les estaría impidiendo el descanso vacacional, y que solo beneficiaría a los grandes despachos. Estas circunstancias han hecho que el abogado esté movilizado en esta ocasión y, dado que el Colegio de Abogados de Madrid es el primer Colegio profesional de España por número de colegiados, que tiene acceso a los diferentes poderes del Estado, en esta campaña electoral lo que está en juego es reivindicar la independencia del Colegio y con ello la independencia de los abogados propiamente dicha, o bien, renunciando a lo anterior, dejar en manos del poder político y de grupos de presión económicos el control del Colegio, haciendo de éste un instrumento dócil y manejable. 

- ¿Qué apoyos tiene su candidatura? 

- Nuestra candidatura no está soportada por macrodespachos cuyos intereses priman por encima del abogado propiamente dicho. Está apoyada en primer término, por dos asociaciones de abogados, Ius et Fides y Unión de Abogados, las cuales tienen entre sus fines la defensa de la independencia del ejercicio profesional del abogado. Y asimismo, también está apoyada por el Centro Juridico Tomás Moro, cuyo presidente, que se ha caracterizado en los últimos años por la defensa de los derechos civiles frente a la intromisión de los poderes políticos, forma parte de la candidatura. Las dos asociaciones de abogados, conjuntamente, representan cerca de cien despachos en Madrid. 

- En estas elecciones en las que concurren numerosas candidaturas, ¿qué puede aportar su candidatura frente a las demás? 

- Aportamos lo único que sabemos, trabajo, y unos principios y valores en los que creemos firmemente. Aportamos nuestro compromiso en la defensa, no sólo de la abogacía como ejercicio profesional, sino del abogado en sí y, en base a esos principios, la defensa de la Justicia y de los ciudadanos. Creemos en la función social del abogado. No sólo creemos que hay que acercar el Colegio a la sociedad, en el bien entendido que creemos en un Colegio de Abogados como estadio intermedio de la sociedad, sino que, además, consideramos que no hay que tener miedo en enfrentar al Colegio con los poderes del Estado, si estos defienden principios, ideas o leyes contrarias a la justicia social, al interés general, o atentatorias contra la historia jurídica española. Y frente al resto de las candidaturas, especialmente las situadas en las encuestas como mas relevantes, como la oficialista del Sr. Hernandez-Gil, la del Sr. Cremades o la de la Sra. Gumpert, destacamos nuestra independencia frente a intereses económicos y/o políticos. En este sentido, el Sr. Hernandez-Gil, a mi juicio, y el de muchos colegiados, como gestor ha pasado sin pena ni gloria por el Colegio de Abogados durante estos cinco años. No ha solucionado ningún problema y sí los ha generado, como fue la ausencia de amparo a un colegiado por parte del Colegio en el asunto de las escuchas del caso Gurtel, por lo que entiendo que su figura como candidato a Decano, se encuentra amortizada. Respecto al Sr. Cremades, sus propuestas se alejan de la realidad del abogado, ofreciendo propuestas de principios en las que todos estamos de acuerdo, como la dignificación de la profesión, pero que pocas soluciones aportan a los abogados de a pie. Y respecto de la Sra. Gumpert, creemos que su vinculación a un gran despacho catalán, como socia, condiciona su libertad e independencia en el ejercicio de la representación de todos los colegiados, aunque tenga delegación en Madrid. Al hilo de lo anterior, quiero resaltar que en algunos ámbitos profesionales se esta hablando del interés de algunos grandes despachos de abogados catalanes en conseguir cierta influencia en el Colegio de Abogados, y representativo de ello, a mi juicio, es la candidatura de Dña. Sonia Gumpert, quien viene promocionándose desde hace meses con un importante despliegue de medios, inaccesibles para cualquier abogado, e incluso para la mayoría de las candidaturas que se presentan a estas elecciones. En los últimos años estamos observando desplazamientos de grandes despachos catalanes a Madrid, incluso mediante operaciones de absorción de despachos madrileños, y por tanto de su clientela, y ello es debido a la merma del mercado en las principales ciudades de Cataluña que obligan a la expansión comercial de despachos con cifras de negocio altas. Creemos en la libertad de mercado en general y, en particular, en el ejercicio de la abogacía, por supuesto, pero el Colegio de Abogados no es un mercado, es una institución de la que formamos parte un colectivo humano, con vocación de servicio a la sociedad, y que debe configurarse como punto de encuentro de ese colectivo, por encima de intereses económicos, políticos, o de cualquier otra clase. 

- En su programa hay propuestas que sin duda han sido acogidas con cierta intranquilidad por algunas instituciones. Me refiero a que su candidatura habla por un lado de unidad jurídica de España y, por otro, dedican una línea programática a la relación con los jueces y con el Consejo General del Poder Judicial. 

- Si, ambas partes del programa han causado cierto revuelo y es necesario hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de unidad jurídica de España, nos referimos a la necesaria equiparación tanto de las leyes como de los criterios judiciales en cualquier partido judicial del territorio español. Actualmente los abogados nos encontramos con numerosas trabas en el ejercicio profesional cuando salimos de la Comunidad de Madrid, y concretamente en Cataluña o en la Comunidad Autónoma Vasca, donde existen regulaciones sustantivas y lenguas propias, que evidentemente reconocemos y respetamos, pero lo que es inconcebible es que en ámbitos mercantiles, civiles y administrativos las normas entre Comunidades Autónomas, en ocasiones, no tengan nada que ver, haciendo imposible garantizar la igualdad jurídica de los españoles. Asimismo, en el ámbito de dicho principio de unidad jurídica de España, defendemos y exigimos la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo en todo el territorio nacional, como en los supuestos de la Ley de Banderas, o el uso de la lengua castellana en los partidos judiciales donde es cooficial, donde el abogado de Madrid no se sienta excluido por razón de pertenecer a otro colegio profesional. Nos podemos encontrar el caso reciente del abogado que tuvo que pagarse de su propio bolsillo la traducción del catalán al castellano de una resolución judicial en catalán. Con respecto a la Administración de Justicia, creo que todos los abogados entienden fácilmente lo que proponemos, que no es otra cosa que la puntualidad en las celebraciones de las vistas, la obligación de los jueces y magistrados de estudio de las leyes, la aplicación correcta del Derecho, la resolución de los casos en un tiempo razonable, y la educación y respeto frente al abogado como norma básica en la conducción de las vistas. El problema es que muchos abogados se han acostumbrado al mal trato de algunos jueces, se han resignado a perder mañanas enteras en los Juzgados para celebrar un juicio, en el mejor de los casos, pues en muchas ocasiones son suspendidos por la negligencia del juzgado al no haber efectuado correctamente las citaciones, y se han acomodado a la celebración de los juicios, en muchas ocasiones, en un clima de hostilidad y pasividad que aleja a la Justicia española de los cánones básicos de cualquier Justicia que se precie, resultando que, cuando un colegiado ante estas situaciones solicita el pertinente amparo frente al Colegio, éste se desentiende como si no fuera con él. Es necesario pues, defender a los abogados en el ejercicio de su profesión y, por extensión, a sus clientes, bajo el sagrado principio del secreto profesional, frente al Consejo General del Poder Judicial, como frente a los Jueces y Magistrados, actuando en estos casos el propio Colegio de Abogados como director de cuantas quejas y denuncias sean necesarias para evitar el bochornosos espectáculo que en muchas ocasiones está dando la Justicia española. 

- ¿Que espera de las actuales elecciones? 

- Lo primero que espero y deseo es un incremento importante de la participación de los abogados en estas elecciones, pues ello sería significativo de que estamos concienciados de su importancia. No olvidemos que en elecciones anteriores no acudió a votar mas del 8% del censo electoral. Por otro lado, esperamos que los grandes despachos dejen libertad de voto a sus abogados y, asimismo, que el colegiado elija, en conciencia, una candidatura sin ataduras ni intereses económicos o políticos, como la que represento. Nos preocupa enormemente que una Junta de Gobierno del Colegio de Abogados esté compuesta por miembros que a su vez, forman parte de macrodespachos. Me pregunto qué intereses primarán, ¿los de los colegiados?, ¿los de la empresa a la que están vinculado y les paga? Por estos motivos, me gustaría que los abogados se concienciaran de que la independencia del Colegio sólo puede conseguirse a través de una Junta Directiva independiente, que carezca de vinculaciones con lobbys y grupos económicos, como pueden ser editoriales jurídicas o despachos catalanes muy alejados de la realidad diaria del abogado madrileño de Madrid. 

- Y ¿qué piden a los votantes? 

- Que, con independencia de la candidatura que elijan, voten en conciencia, pensando en la independencia del Colegio de Abogados por encima de vinculaciones personales y/o profesionales.