Con la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, el proceso monitorio -cuyo funcionamiento es una experiencia positivamente valorada por el legislador-, elevó el límite de la cantidad que podía ser reclamada a través de este proceso de 30.000 a 250.000 €.
Además, esta Ley amplía la no obligatoriedad de intervención de abogado en procedimientos verbales que no excedan de 2.000 euros (en vez de los 900 anteriormente aplicables como límite) y en las ejecuciones que no superen esa cuantía. A tal fin, se establece la obligatoriedad de que los órganos judiciales ofrezcan unos formularios oficiales a los ciudadanos.
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