Alberto Gugel de la Villa (abogado con especial dedicación al Derecho Contencioso-administrativo, al Derecho Canónico y a la administración de fincas) y César Huerta Ízar de la Fuente (abogado especializado en Derecho Urbanístico), ambos miembros de la Junta Directiva de Unión de Abogados, son candidatos a Diputado 6º y Diputado 7º del Colegio de Abogados de Madrid, dentro de la lista que encabeza Montserrat Suárez. Con ellos conversamos sobre las elecciones de mañana y el desarrollo de la campaña.
- Por vez primera Unión de Abogados ha presentado candidatura propia a las elecciones al ICAM, conjuntamente con otra asociación profesional, Ius et Fides. ¿Cuáles fueron los motivos que decidieron a la asociación a dar este paso?
CÉSAR HUERTA: La preocupación por el futuro de la abogacía y del Estado de Derecho. Desde el Gobierno se vienen aprobando una serie de normas que van limitando el Estado de Derecho, medidas legislativas que van restringiendo cada vez más el acceso del ciudadano a la Justicia y sus mecanismos de defensa del ciudadano frente a la arbitrariedad de la Administración. Por extensión, la figura del abogado, sobre todo del abogado autónomo, molesta a los intereses de los partidos políticos. Hemos podido observar la total pasividad del Colegio de Madrid frente a esta tendencia. El Colegio de Abogados se ha convertido en una plataforma para medrar en la política o en la profesión, cuando lo que realmente necesitamos es un Decano que se enfrente con claridad al Gobierno. En este marco, hemos confluido la Unión de Abogados, Ius et Fides y el Centro Jurídico Tomás Moro, con la adhesión al Manifiesto social de la abogacía.
ALBERTO GUGEL: Tenemos que agradecer a Ius et Fides que tomase la iniciativa. Después de reunirnos con ellos, consideramos que su proyecto no difería en absoluto de nuestros propios fines como asociación. Pensamos que era el momento para presentar nuestra alternativa a los abogados del ICAM, apoyando a una candidata que tiene mucho que aportar al Colegio.
- La prestigiosa abogada y periodista Montserrat Suárez aceptó encabezar esta opción electoral. ¿Qué aporta Montse a esta alternativa? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia de trabajo con ella durante la campaña?
C.H.: Muy positiva. Montserrat Suárez ha sabido aunar voluntades y abanderar la postura de los pequeños despachos de Madrid. En su doble condición de abogada y periodista, tiene la virtud de la claridad en la comunicación y la cercanía al ciudadano.
A.G.: La experiencia ha sido muy gratificante. Yo, por circunstancias, he estado colaborando con ella en momentos concretos, como por ejemplo, el debate del pasado sábado por Twitter en el Centro de Comunicación y en todo momento Montserrat ha tenido muy buena disposición para trabajar en equipo.
- ¿Podría decirse que esta candidatura no representa sólo propuestas de gestión, sino también valores éticos y profesionales? ¿Es eso lo que más marca vuestra diferencia respecto a otras opciones?
A.G.: A mí me parece que sí. Se trata de plasmar nuestro proyecto de Colegio, aquellos valores que aparecen en nuestros fines: la unidad jurídica de España, un Colegio que no esté mediatizado por poderes políticos ni económicos, que el Decano elegido no se sirva del Colegio para otros intereses y que el Colegio sirva como sujeto defensor de la sociedad, especialmente de los más débiles y desprotegidos. No se trata sólo de velar por la limpieza en la gestión,sino de que el propio Colegio de Abogados de Madrid, dada su importancia, actúe en la sociedad. ¿Y cómo? Nos hemos adherido a un manifiesto elaborado por el prestigioso compañero de nuestra candidatura Javier M. Pérez-Roldán, denominado Manifiesto social de la abogacía, cuyo contenido desarrolla lo que he comentado anteriormente.
C.H. Exactamente. No somos mercenarios. No defendemos sólo intereses corporativos de profesión. Volvemos a insistir en la figura del abogado independiente y las libertades del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder, son dos conceptos que están completamente unidos. Por poner dos ejemplos: la reciente Ley de Tasas supone, en la práctica, la supresión de la segunda instancia en los juicios medios (precisamente los que suelen tener los ciudadanos de clase media); esa supresión de la segunda instancia deja indefensa al ciudadano frente a un posible error o corrupción judicial. Y la introducción de la condena en costas en la primera instancia de los procedimientos contencioso-administrativos limita enormemente la capacidad del ciudadano de oponerse a la injusticia de la Administración; los alcaldes corruptos podrán campar a sus anchas en materias como urbanismo o licencias administrativas. Desde el Manifiesto social de la abogacía hemos denunciado este proceso de descomposición y formulado una alternativa.
- Desde el principio hubo una apropiación, por parte de otros candidatos con más altavoces mediáticos, de las propuestas lanzadas por la candidatura. ¿Os sorprendió que eso sucediera y, además, de forma tan descarada?
A.G.: No, porque les restamos muchos votos. Los compañeros están hartos de manipulación. Ha sido tal el impacto de valores como unidad jurídica de España o función social de la abogacía que las candidaturas más poderosas, como Hernández Gil o Cremades, los han hecho suyos, sin decir, claro está, que la idea partía de nosotros.
C.H.: Bueno, es una satisfacción que la defensa de la unidad de España de nuestro ideario se haya incorporado a las propuestas de otras candidaturas, pero somos un poco escépticos sobre la sinceridad de estas incorporaciones...
- Durante toda la campaña ha resultado llamativo el veto a Montserrat Suárez en los debates celebrados, mientras se invitaba arbitrariamente a otras candidaturas de similares condiciones pero posiblemente más "inofensivas". ¿Por qué ese empeño en invisibilizar vuestra presencia en este proceso electoral?
A.G.: A mí me parece que por dos razones. En primer lugar, tenemos una candidata muy mediática y seguro que les hubiera quitado protagonismo. Y, lo más importante, nuestro programa es muy atractivo, la prueba es que se lo han apropiado las candidaturas más poderosas.
C.H. : Hay evidentes y enormes intereses en estas elecciones. Tradicionalmente, los grandes despachos de Madrid procuraban, por motivos obvios, controlar el Colegio. Ahora, además, concurren empresas ajenas a Madrid y a la abogacía madrileña, para las que el Colegio es exclusivamente una oportunidad de ampliar negocio. La operación de desembarco que se prepara es muy alarmante. Evidentemente, todo esto se ha reflejado en los debates que se han visto en prensa, radio, televisión...: el veto a nuestra candidatura ha sido completo.
- Recientemente, la candidatura ha impugnado el voto por correo. ¿Creéis que, tal y como ha sido emitido, no tiene suficientes garantías?
A.G.: Hemos sido consecuentes con nuestros principios. Hemos utilizado nuestro instrumento, que es un derecho, para que estas elecciones fuesen limpias, y por eso hemos impugnado el voto por correo, especialmente el de la candidatura de Sonia Gumpert por varias razones. Según los estatutos del Colegio, el voto de las elecciones es indelegable. Según el reglamento, el voto por correo es siempre excepcional y justificado. En las Oficinas de Correos no se exige demostrar la identidad, por lo que la cadena de custodia del voto es insegura y susceptible de manipulación. Pero, por otro lado, después de que, a instancias de la candidatura de Hernández Gil, la Comisión Electoral preguntase al resto sobre la irregularidad del pacto de la sra. Gumpert con ALTODO, hemos pedido, en el turno de alegaciones a la Comisión Electoral, la nulidad de esa candidatura, por haberse presentado conjuntamente con una asociación, persona jurídica, al Decanato.
- Con independencia del resultado que se registre mañana día 18, ¿tenéis previsto que continúe la colaboración entre las personas y asociaciones que han formado la candidatura, más allá de estas elecciones?
A.G.: Sí, ha sido el principio de una larga colaboración, puesto que defendemos para los abogados lo mismo.
C.H.: La idea es crear un frente jurídico y permanente en el marco de la abogacía y de la vida colegial. El Manifiesto social de la abogacía ha sido el primer paso.
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