PUBLICADA LA LEY DE TASAS, QUE RESTRINGE ECONÓMICAMENTE EL ACCESO A LA JUSTICIA

Hoy entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y que supone una restricción económica del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, al incrementar notablemente las tasas judiciales que se introdujeron en el año 2002 para grandes empresa y, además, extender su pago a pymes y a particulares.

El texto legal ha sido rechazado de forma unánime por jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados y procuradores, que lo entienden como un golpe a uno de los fundamentos del Estado de Derecho, al establecerse un filtro económico para un derecho constitucional.

Unión de Abogados ya hizo pública en un comunicado su rotunda oposición al proyecto de ley. Tras su publicación, nuestra candidatura al Decanato del Colegio de Abogados de Madrid, que lidera Montserrat Suárez, ha recordado que "la aprobación de la Ley ha venido a demostrar, una vez más, la improvisación del Gobierno en materia de Justicia, por cuanto, después de su publicación en el BOE, ha decido suspender su liquidación hasta que el Ministerio de Hacienda acuerde la aprobación del correspondiente modelo. Esta improvisación demuestra que el Gobierno no tiene más intención que la recaudatoria, pues obliga al pago de la tasa incluso cuando técnicamente no le es posible aún recaudarla por falta del modelo de liquidación correspondiente." 

Desde la candidatura se anuncia que "en caso de salir elegidos en las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid promoveremos su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Y ello por cuanto atenta al más elemental principio de Justicia. La sociedad creó históricamente la Administración de Justicia para limitar los excesos que creaba el ejercicio de la 'justicia privada'. Sin embargo, la tasa encarece de tal modo el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos (muy especialmente para la reclamación de pequeñas cantidades) que, sin duda, vamos a vivir el incremento de acciones al margen del Derecho para conseguir la realización del derecho propio. El Gobierno, con esta ley, aboca a la parte económicamente más deprimida de la sociedad a recurrir a la fuerza para poder cobrar sus créditos".

"Pero es que, además, -recuerda nuestra candidatura en su comunicado- la imposición de estas elevadas tasas es injusta desde otra perspectiva. Y es que las tasas no pueden superar nunca el coste del servicio público ofrecido. Pues bien, en España el sistema judicial es enormemente caro por la mala gestión de nuestros responsables públicos. Así, el poder legislativo aprueba leyes técnicamente deficientes por primar los criterios demagógicos sobre las razones técnicas. No es raro, por ejemplo, que las Cortes desoigan los criterios de los Abogados del Estado, del propio Consejo de Estado y de los demás órganos de consulta obligatoria. Pero es que, además, habitualmente los Juzgados tramitan lentamente las causas y en otras muchas ocasiones aplican mal estas mismas leyes tan deficientemente redactadas. Así, es frecuente que un procedimiento se encarezca por la paralización que sufre como consecuencia de mala gestión de la Administración de Justicia. Del mismo modo que es frecuente que los abogados se vean obligados a recurrir muchas sentencias por la negligencia a la hora de aplicar el Derecho, encareciendo nuevamente el procedimiento. ¿Por qué se obliga a pagar una tasa de 800 euros por apelar, cuando muchas veces prosperan los recursos de apelación porque el Juzgado de instancia lo hizo mal? En estos casos la tasa tendría que ser devuelta. En conclusión: se nos obliga a los ciudadanos a pagar unas tasas altísimas porque el coste de la Administración de Justicia es elevadísimo, sin considerar que esta elevación de costes de debe a la propia incapacidad de los poderes públicos para gestionar eficazmente nuestros intereses". 

La candidatura encabezada por Montse Suárez considera que "es sorprendente la escasa reacción de la sociedad ante este nuevo desbordamiento del poder. Y más sorprendente aún es el silencio de los Colegios de Abogados, que deberían haber aplicado medidas de presión para desincentivar al Gobierno. Sin embargo, han guardado un silencio cómplice que nos acabará pasando factura a todos. Por eso, desde nuestra candidatura insistimos en convertir al Colegio de Abogados de Madrid en una corporación al servicio de la sociedad, para abanderar la lucha contra los excesos de los poderes del Estado. Es la única manera de recuperar nuestra dignidad como ciudadanos y recuperar la libertad política que se nos quiere arrebatar".