Publicado en Expansión, 24.01.07
Europa se blinda ante la inmigración. Y el ejemplo más reciente de este proceso son las reformas de la política de extranjería impulsadas por Francia y Suiza en 2006, dos países tradicionales de acogida. Ambas medidas han sido duramente atacadas, incluso calificadas de “xenófobas”, por una parte del espectro político.
A pesar de las críticas, uno de sus impulsores, el ministro del Interior y candidato del centro derecha a las elecciones presidenciales de Francia, Nicolas Sarkozy, lo tiene muy claro: “sí a una inmigración escogida y no sufrida”. Este principio alienta –de forma más estricta en el caso helvético– ambas reformas. A grandes rasgos, Suiza y Francia han apostado por una inmigración laboral de “calidad”, que atraiga trabajadores cualificados y potencialmente valiosos.
Mientras que han endurecido los controles de entrada, renovación de permisos y de acceso a la nacionalidad, que se asocia a otro criterio básico: la capacidad de integración del extranjero. “A quien no le guste Francia, no debería tener inconveniente en dejarla”, afirmó sin tapujos Sarkozy.
Quizás, estos dos cambios legislativos sean los más radicales, porque han roto por completo con el pasado. Sin embargo, no son una excepción. En los últimos años, con mucho menos ruido, Alemania, Reino Unido o Italia, entre otros, han transformado sus legislaciones en la dirección de Sarkozy.
Por ejemplo, el Gobierno laborista británico de Tony Blair, impulsó en 2002 una ley de extranjería que limita los permisos de trabajo a los “trabajadores esenciales”, aquellos que pueden demostrar conocimientos técnicos o muy específicos. Al mismo tiempo, endureció los delitos por entrada fraudulenta en el país, expiración de los permisos, etc.; e introdujo un test de ciudadanía –conocimientos lingüísticos, de leyes, etc.– para los extranjeros que deseen nacionalizarse.
Tintes similares tuvo la reforma desarrollada por el ex canciller alemán, Gerhard Schröder, en 2004, la cual hace especial hincapié en supervisar la integración de los inmigrantes. Mientras que en Italia, la Ley Bossi-Fini, del anterior ejecutivo de Silvio Berlusconi, recortó los derechos de los extranjeros a motivos estrictamente laborales.
Mientras, España se ha convertido en el principal foco de atracción migratoria de la UE. El catedrático de Derecho Constitucional, Eliseo Aja, destaca la “inestabilidad” de las normas de extranjería españolas. Según éste, existe una disfunción entre las políticas de acogida –en manos de las comunidades autónomas– y el control de la entrada –del Estado–.
Esta separación de competencias, junto con los defectos notables en la gestión de los flujos migratorios, tanto en la contratación en origen como en la aplicación de legislación, son los que aportan inestabilidad al sistema.
A pesar de las críticas, uno de sus impulsores, el ministro del Interior y candidato del centro derecha a las elecciones presidenciales de Francia, Nicolas Sarkozy, lo tiene muy claro: “sí a una inmigración escogida y no sufrida”. Este principio alienta –de forma más estricta en el caso helvético– ambas reformas. A grandes rasgos, Suiza y Francia han apostado por una inmigración laboral de “calidad”, que atraiga trabajadores cualificados y potencialmente valiosos.
Mientras que han endurecido los controles de entrada, renovación de permisos y de acceso a la nacionalidad, que se asocia a otro criterio básico: la capacidad de integración del extranjero. “A quien no le guste Francia, no debería tener inconveniente en dejarla”, afirmó sin tapujos Sarkozy.
Quizás, estos dos cambios legislativos sean los más radicales, porque han roto por completo con el pasado. Sin embargo, no son una excepción. En los últimos años, con mucho menos ruido, Alemania, Reino Unido o Italia, entre otros, han transformado sus legislaciones en la dirección de Sarkozy.
Por ejemplo, el Gobierno laborista británico de Tony Blair, impulsó en 2002 una ley de extranjería que limita los permisos de trabajo a los “trabajadores esenciales”, aquellos que pueden demostrar conocimientos técnicos o muy específicos. Al mismo tiempo, endureció los delitos por entrada fraudulenta en el país, expiración de los permisos, etc.; e introdujo un test de ciudadanía –conocimientos lingüísticos, de leyes, etc.– para los extranjeros que deseen nacionalizarse.
Tintes similares tuvo la reforma desarrollada por el ex canciller alemán, Gerhard Schröder, en 2004, la cual hace especial hincapié en supervisar la integración de los inmigrantes. Mientras que en Italia, la Ley Bossi-Fini, del anterior ejecutivo de Silvio Berlusconi, recortó los derechos de los extranjeros a motivos estrictamente laborales.
Mientras, España se ha convertido en el principal foco de atracción migratoria de la UE. El catedrático de Derecho Constitucional, Eliseo Aja, destaca la “inestabilidad” de las normas de extranjería españolas. Según éste, existe una disfunción entre las políticas de acogida –en manos de las comunidades autónomas– y el control de la entrada –del Estado–.
Esta separación de competencias, junto con los defectos notables en la gestión de los flujos migratorios, tanto en la contratación en origen como en la aplicación de legislación, son los que aportan inestabilidad al sistema.
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