La Generalitat ha decidido recientemente presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley estatal sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, tras detectar invasión de competencias. En concreto, la administración catalana cree que algunos preceptos exceden las competencias del Estado y vulneran las de la Generalitat y la autonomía universitaria recogida en la Constitución.
No podemos dejar pasar por alto que desde la UA al margen de “supuestos derechos competenciales”, la regularización del acceso a esta profesión es uno de los objetivos básicos y prioritarios para dignificar y garantizar el Derecho de Defensa que constitucionalmente se consagra a favor del justiciable.
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