Publicado en ABC, 10.02.07
El Colegio de Economistas criticó ayer con dureza el proyecto de ley de Concurrencia y Prelación de Créditos, que modifica la actual ley concursal para que los créditos públicos, de Hacienda, comunidades autónomas, Seguridad Social, etc., tengan preferencia en el cobro frente a otros acreedores en casos de crisis empresariales.
Según explicó ayer el presidente del Registro de Economistas Forenses, José María de la Cruz, la actual ley concursal, en vigor desde hace poco más de dos años, establece que el 50% de los créditos tributarios y otros de derecho público, incluido el de la Seguridad Social, tendrán prioridad frente a otros acreedores, en el mismo nivel que los salarios pendientes de pago, las retenciones tributarias de los trabajadores, las cuotas sociales de los mismos, o los salarios pendientes de pago. El otro 50% de estos créditos públicos se consideran créditos ordinarios y las sanciones y recargos tienen el carácter de subordinados, con lo que son los últimos en cobrarse si queda algo después de pagar al resto de acreedores.
Según explicó ayer el presidente del Registro de Economistas Forenses, José María de la Cruz, la actual ley concursal, en vigor desde hace poco más de dos años, establece que el 50% de los créditos tributarios y otros de derecho público, incluido el de la Seguridad Social, tendrán prioridad frente a otros acreedores, en el mismo nivel que los salarios pendientes de pago, las retenciones tributarias de los trabajadores, las cuotas sociales de los mismos, o los salarios pendientes de pago. El otro 50% de estos créditos públicos se consideran créditos ordinarios y las sanciones y recargos tienen el carácter de subordinados, con lo que son los últimos en cobrarse si queda algo después de pagar al resto de acreedores.
El Colegio de Economistas denuncia que en muchos concursos la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han reclamado cobrar también estas multas, intereses o sanciones con carácter de privilegio frente a otros acreedores, y que los jueces siempre lo han rechazado. Por eso, argumenta, el Gobierno, directamente, ha optado por modificar la ley. "Quieren conseguir en el Parlamento lo que no han conseguido en los Tribunales", apuntan. El citado proyecto normativo, que en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados, establece, tal y como querían las administraciones públicas, que estos recargos prevalezcan ante los créditos de otros acreedores, lo que va en perjuicio de la posibilidad de que la empresa salga a flote, del resto de acreedores y de los propios trabajadores. Por ello, el Registro de Economistas se ha dirigido a los distintos grupos parlamentarios para que presenten una enmienda al proyecto de ley que suprima este cambio en la ley concursal. Fuentes del PP consultadas por ABC se han mostrado acordes con este argumento, y han avanzado que presentarán enmiendas para que la ley concursal mantenga el espíritu con el que se aprobó en 2003. No obstante, los economistas apuntan la necesidad de introducir mejoras en esta ley.
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