La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha rechazado las peticiones de más de 1.200 colegiados ejercientes para que se celebrase una Junta General Extraordinaria a fin de revisar el acuerdo que pretende convertir el Servicio Médico en una Mutua de Seguros.
La iniciativa, promovida por la Plataforma Defensa de la Abogacía Madrileña, liderada por la abogada Sonia Gumpert, y a la que desde Unión de Abogados dimos nuestro apoyo expreso, suponía el ejercicio de un derecho recogido de forma inequívoca en los vigentes Estatutos del ICAM: "La convocatoria de Junta General Extraordinaria a iniciativa de los colegiados exigirá solicitud suscrita por un número de los mismos que suponga, al menos, el 1 por 100 de los colegiados ejercientes. A dicha solicitud se acompañará el orden del día propuesto para dicha convocatoria. Cumplidos los requisitos anteriores, la Junta de Gobierno deberá convocar Junta General Extraordinaria en plazo no superior a quince días desde la presentación de la solicitud".
Como se aprecia, la norma es imperativa ("deberá convocar"), no se trata de una facultad de la Junta de Gobierno, por lo que entendemos que la decisión adoptada por los actuales mandatarios del Colegio vulnera gravemente los Estatutos.
(Fotografía: Abogado-s.es)
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