UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS CUALIFICADOS
LA JUSTICIA, LENTA. PERO IRÁ PEOR...
En este sentido, el presidente del TSJM dijo que en el año 2005 había 392.000 casos pendientes de solucionar, mientras que en el 2006 esta cifra ascendió hasta los 420.730. "Las perspectivas para dentro de un año es que estemos aún peor. Si ahora hay un atraso generalizado en la justicia, dentro de un año el retraso será mayor, porque el número de casos aumenta y el Ministerio de Justicia, de momento, no está por la labor de crear los órganos judiciales necesarios para Madrid", aseveró.
QUERELLA CONTRA FIDEL CASTRO: LE ACUSAN DE ASESINAR A 9 PRESOS
Las nueve víctimas eran miembros de la Brigada 2506, cuyas fuerzas desembarcaron el 17 de abril de 1961, en las playas de Bahía de Cochinos, localizada en la costa sur de Cuba, con el propósito de liberar a Cuba de la tiranía Castrista y restablecer la democracia y un estado de derecho en el país.
Después del fracasado intento, los nueve combatientes fueron capturados y junto a mas de otros 100 prisioneros fueron encerrados en un furgón de transporte por orden del Capitán Osmani Cienfuegos, para trasladarlos de Playa Girón (Bahía de Cochinos) a La Habana. Cienfuegos fue informado en ese momento que si cerraban el furgón completamente, muchos prisioneros iban a morir asfixiados. Su cínica respuesta fue: "No importa, de todas formas los vamos a fusilar y así nos ahorramos las balas!", y seguidamente dio la orden de que subieran al ultimo herido al furgón, diciendo "¡Suban a este cochino a la rastra! ".
"Este es uno de los múltiples casos de crímenes contra la humanidad que se han cometido en Cuba bajo el régimen tiránico de Fidel Castro", explicó Juan R. López de la Cruz, un sobreviviente del furgón y miembro del grupo CAD-2506. "Mientras Cienfuegos es directamente responsable por el crimen, Fidel Castro tiene la culpabilidad intelectual y es ultimo responsable por la muerte de estos jóvenes patriotas. Con esta querella presentada por el CAD-2506, las familias y compañeros de las victimas están pidiendo a los tribunales españoles que se haga justicia por este horrendo e injustificable crimen", añadió López.
CRISTIANOS DE ARABIA: VIVIR EN LA SOMBRA
La Iglesia católica tiene un vicariato para Arabia, donde se incluyen a todos los países de la península, para poder organizar de la mejor manera posible la ayuda espiritual que necesitan estos cristianos recién afincados.
En 1974 los católicos eran unos 200.000 mil, hoy no bajan como mínimo, de tres millones, de, al menos, cien nacionalidades diferentes, aunque en su mayor parte procedan de Filipinas, India, Paquistán, Etiopia, Eritrea, Sudán y Egipto. Sólo del archipiélago hispanomalayo son casi un millón de emigrantes.
Sin embargo, la situación de éstos es muy distinta y depende de países.
La capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi es la sede del vicariato y donde se han podido construir media docena de iglesias, como en Omán, donde han sido construídas cuatro y otra en Bahrein.
Tanto el jeque de Emiratos Árabes Unidos, como el emir de Qatar, el rey de Bahrein y el sultán de Omán han procurado tener buenas relaciones con el Vaticano, y en los últimos años del siglo XX han abierto sus relaciones diplomáticas con él.
La excepción es Arabia Saudita, que como "protectora" de los "santos lugares" islámicos, y bajo el rigor interpretativo del wahabismo, prohíbe de manera total cualquier tipo de manifestación o símbolo cristiano en el país.
Para vigilar estos asuntos existe una policía especial, la mutawa, verdadero terror de los inmigrantes, a los cuales acosa cruelmente.
Cualquier libro u objeto que pueda ser calificado de cristiano es requisado y tirado a la basura, con el encarcelamiento del "delincuente".
Los sacerdotes que mantienen el culto clandestino, han de poseer sus papeles en regla como técnicos de las numerosas empresas que trabajan en el país árabe.
Las misas sólo pueden ser celebradas en los recintos diplomáticos y cualquier lugar habilitado en secreto puede ser desmantelado y sus ocupantes detenidos.
Desde 1990 a 1993, según Amnistía Internacional, 329 cristianos habían sido detenidos por diversos motivos.
El caso de Donato Lama, en octubre de 1995 fue uno de los divulgados por la prensa internacional, arrestado bajo la acusación de evangelizar, fue condenado a setenta latigazos y 18 meses de cárcel, hasta su expulsión a Filipinas.
En 1984, otros dos filipinos, Ruel Janda y Amel Beltrán, habían sido decapitados ante el silencio internacional. Más recientemente, en abril de 2005, cuarenta paquistaníes fueron detenidos por oír Misa de manera clandestina en un apartamento.
No obstante, parece ser que para la prensa occidental los filipinos, indios o paquistaníes, si son cristianos, no son lo suficientemente importantes para ser objeto de las reivindicaciones de los media de Europa y EEUU.
CAMBIA LA LEY CONCURSAL: QUE HACIENDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL COBREN ANTES
Según explicó ayer el presidente del Registro de Economistas Forenses, José María de la Cruz, la actual ley concursal, en vigor desde hace poco más de dos años, establece que el 50% de los créditos tributarios y otros de derecho público, incluido el de la Seguridad Social, tendrán prioridad frente a otros acreedores, en el mismo nivel que los salarios pendientes de pago, las retenciones tributarias de los trabajadores, las cuotas sociales de los mismos, o los salarios pendientes de pago. El otro 50% de estos créditos públicos se consideran créditos ordinarios y las sanciones y recargos tienen el carácter de subordinados, con lo que son los últimos en cobrarse si queda algo después de pagar al resto de acreedores.
El Colegio de Economistas denuncia que en muchos concursos la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han reclamado cobrar también estas multas, intereses o sanciones con carácter de privilegio frente a otros acreedores, y que los jueces siempre lo han rechazado. Por eso, argumenta, el Gobierno, directamente, ha optado por modificar la ley. "Quieren conseguir en el Parlamento lo que no han conseguido en los Tribunales", apuntan. El citado proyecto normativo, que en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados, establece, tal y como querían las administraciones públicas, que estos recargos prevalezcan ante los créditos de otros acreedores, lo que va en perjuicio de la posibilidad de que la empresa salga a flote, del resto de acreedores y de los propios trabajadores. Por ello, el Registro de Economistas se ha dirigido a los distintos grupos parlamentarios para que presenten una enmienda al proyecto de ley que suprima este cambio en la ley concursal. Fuentes del PP consultadas por ABC se han mostrado acordes con este argumento, y han avanzado que presentarán enmiendas para que la ley concursal mantenga el espíritu con el que se aprobó en 2003. No obstante, los economistas apuntan la necesidad de introducir mejoras en esta ley.
EL DNI ELECTRÓNICO, ANTES DE TERMINAR 2007
PHISING: LA GENTE SIGUE PICANDO
España ha recuperado el tercer puesto entre los países más afectados por los ataques de phishing a entidades financieras durante enero, tras acvmular un 6% del total, frente al 2% de diciembre de 2005, según los datos de RSA.
En total 7 entidades financieras españolas fueron víctimas de phishing y sumaron un total de 62 ataques, todos ellos provenientes de Estados Unidos y Belize. Los principales países emisores de ataques continúan siendo Estados Unidos, Alemania y Francia, mientras que Belize y Japón, históricos en esta lista, desaparecen de los 10 principales países emisores.
A nivel mundial, los ataques de phishing descendieron sensiblemente en el primer mes de 2007, con un total de 161 ataques frente a las 205 entidades afectadas durante diciembre del pasado año. El estudio refleja el descenso de ataques a entidades de Estados Unidos y el incremento en el resto de países.
Los ataques sobre entidades norteamericanas se redujeron desde el 79% de diciembre de 2006 al 66% de enero, por delante de Reino Unido, con un 15%, frente al 10% de diciembre, y Canadá en cuarto lugar junto con Alemania y México y sendos 3% de los ataques.
Además, RSA ha detectado un nuevo kit de phishing universal para generar ataques a medida y señala que las prácticas fraudulentas en Internet "siguen sucediéndose, con el phishig como la amenaza más extendida".
El Centro de Mando Antifraude de RSA ha estado monitorizando de cerca y actuando "agresivamente" contra este tipo de ataques generales contra instituciones financieras de todos los tamaños y, además, ha estado trabajando activamente para identificar los "sofisticados e innumerables esquemas que están siendo utilizados por los defraudadores".
Los analistas no son muy optimistas al respecto, ya que el número de bancos atacados ha vuelto a los niveles de noviembre, lo que indica que los defraudadores continúan enfocándose en sus objetivos "favoritos".
IU DENUNCIA: ESPAÑA VENDE ARMAS A MARRUECOS, PERJUDICANDO A LOS SAHARAUIS
Meyer recordó también que Marruecos mantiene 'litigios territoriales' con España mediante un comunicado en el que alertó de la firma de un contrato de compra de armas que incluye la transferencia de '1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras para la vigilancia de costas'.
Según el eurodiputado, este convenio representa 'la mitad del total de las exportaciones españolas de 2005 en material de defensa' y considera que con él el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 'contribuye a rearmar al ejército marroquí' y toma partido en el conflicto entre Rabat y el Frente Polisario.
'El señor Zapatero renuncia a ejercer su obligación de administrar el proceso de descolonización auspiciado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, plegándose a los intereses marroquíes que incumplen sistemáticamente las resoluciones de la ONU', afirmó.
Meyer añadió que este contrato se suma a 'la reciente abstención de España en la comisión de descolonización de la ONU en relación al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui', con lo que Rodríguez Zapatero se convierte en 'cómplice' de la política marroquí 'que impide y reprime al pueblo saharaui a ejercer su derecho reconocido internacionalmente de autodeterminación'.
EL MERCADO ESPAÑOL NO PUEDE ABSORBER MÁS INMIGRANTES
Los inmigrantes se acercan ya a los 3 millones y suponen el 13,9% del total de ocupados. Un dato significativo del informe es que de los 687.500 nuevos empleos creados en 2006, los trabajadores nacionales ocuparon 228.300 puestos de trabajo, mientras que los inmigrantes coparon 459.200 plazas, lo que supone que dos de cada tres empleos fueron ocupados por inmigrantes.
DENUNCIADAS IRREGULARIDADES EN TIENDAS DE INMIGRANTES
Así lo ha asegurado el secretario general de la CEC, Miguel Ángel Fraile, para quien "no es aceptable" que autoridades locales y centrales "obvien que aquí hay un problema que está generando competencia desleal e incluso explotación de personas". "Pedimos que actúen, no pueden mirar hacia otro lado", reclamó. Las comunidades Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias concentran la mayoría de irregularidades, que pasan desde aprovisionar a los 'top manta' a importar mercancía extracomunitaria de forma ilegal, distribuir falsificaciones y productos sin garantías sanitarias, incumplir la legislación laboral y de seguridad, y no contar con la licencia adecuada, entre otros.
"Las irregularidades se dan especialmente en establecimientos regentados por inmigrantes", insistió este portavoz. A su parecer, "es evidente" la "permisividad y descoordinación" de las diferentes administraciones públicas, por lo que considera necesario reforzar las inspecciones y controles en los comercios.
Para contribuir a erradicar estas prácticas, la CEC propone al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a las autoridades laborales regionales que asesoren a los inmigrantes para que no incumplan la normativa comercial y difundan una guía de buenas prácticas para mejorar la atención al cliente, entre otras medidas.
APLAZAMIENTOS DE JUICIOS: EN LOS JUZGADOS DE VALENCIA LOS EVITARÁN
POSIBLE SUPRESIÓN DE LOS BAREMOS DE HONORARIOS
En este sentido, manifiesta:
1º.- “Se trata -según ha expresado el presidente del CGAE, Carlos Carnicer- de cumplir escrupulosamente la normativa europea en materia de competencia sin perjudicar lo que entendemos representa el ejercicio de la profesión de abogado como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Los honorarios mínimos fueron eliminados mediante la reforma que se introdujo en la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales por el Real decreto 5/1996 y por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Esas tarifas han existido en Italia hasta el año pasado, y sobre ellas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo que, no obstante, señala que corresponde a las autoridades nacionales comprobar si una normativa tal “responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos”, en cuyo caso podrían ser aceptadas.
2º.-El CGAE ha pedido un informe jurídico, que será analizado por el Pleno del Consejo, con el fin de garantizar la libertad de mercado y la libre competencia sin perjudicar ni menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, señala Carnicer, en el ejercicio de la tutela judicial efectiva tiene singular trascendencia el acceso a la justicia y la liquidación de las costas que se generan con el propio desarrollo del proceso. “De alguna forma habrá que fijar, dentro del importe total de las costas, los honorarios que corresponden al abogado que ha defendido a la parte vencedora, y de alguna manera deberá conocer el ciudadano lo que pueden costar los servicios jurídicos y, especialmente lo que podrá recuperar a través de la imposición de costas”. Para el máximo representante de los abogados españoles también es importante determinar quién y de qué forma debe fijar el normal precio de los servicios jurídicos cuando las Administraciones Públicas concierten servicios jurídicos mediante concurso, actuación cada vez más frecuente.
3º.- La Abogacía está a favor de la libertad de precios y de la libre competencia con la única limitación de cvmplir las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Abogacía en Europa. “Consideramos, señala Carnicer, que el valor jurídico que pretenden proteger las normas de la competencia no resulta tutelado sin que los consumidores tengan al menos la posibilidad de conocer cual es el precio racional de los servicios de los profesionales. En definitiva, nadie puede defender o negociar un precio justo sin conocer, como mínimo, el coste razonable del bien o servicio a adquirir”.
4º.- El presidente de la Abogacía Española se ha comprometido a que la institución que preside se esfuerce en resolver las asimetrías informativas que hasta este momento se hayan podido producir. “Vamos a recordar en los impresos la libertad absoluta de precios entre el cliente y el abogado para que concierte los honorarios antes de iniciarse el trabajo suscribiendo la oportuna hoja de encargo tal y como impone la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en las Cortes españolas el 16 de abril de 2002”.
5º.-En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que los Colegios de Abogados, que son corporaciones de derecho público, ni tienen ni han tenido nunca la voluntad de limitar la competencia ni la libertad de precios, sino orientar a los ciudadanos y facilitar a los jueces el desarrollo de su labor
LA GENERALITAT RECURRE LA RECUSACIÓN DEL MAGISTRADO PÉREZ TREMPS
CHARLA SOBRE SUBCONTRATACIÓN
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE ILEGALES SE REGULARIZARÁN EN 2007
De este modo, todas aquellas personas que no pudieron solicitar un permiso de trabajo o residencia en 2005 por no estar empadronados en un municipio antes de agosto de 2004 -uno de los requisitos del proceso de normalización- podrán conseguirlo ahora mediante el arraigo. La razón es que este año cvmple el periodo mínimo de estancia que exige el reglamento para acogerse al arraigo social (tres años), a la vez que el arraigo laboral (dos años) está empezando a tener efecto. El proceso extraordinario de 2005 está comenzando a tener otro efecto secundario: la reagrupación familiar. En 2000, sólo 12 personas llegaron a España a través de esta vía. Cinco años después, fueron 74.919, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. "Desde que se hizo la regularización en 2005, las solicitudes se han triplicado y tanto los ayuntamientos como las subdelegaciones de Gobierno no dan abasto".
Raquel López, especialista en extranjería de Lo más legal, explica que cerca del 80% de las personas que obtuvieron sus permisos de residencia o trabajo en 2005 han solicitado la reagrupación familiar. Según López, los requisitos exigidos por la ley "no son muy complicados". Sin embargo, el atasco de solicitudes ha frenado los trámites, que pueden alargarse hasta ocho meses. Pese a todo, el 92% de los inmigrantes consiguen traer a sus hijos o cónyuges (en 2005 sólo hubo 3.633 denegaciones). En otros países como Alemania o Francia, las vías de entrada no laborales, como la reagrupación familiar, han sido las grandes causantes del incremento de la población extranjera en las últimas dos décadas. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reitera que, en España, "hay muy pocos inmigrantes irregulares". En 2006, 401.108 personas renovaron sus permisos de residencia temporal y de trabajo. Sin embargo, tanto fuentes policiales como jurídicas insisten en que el número de indocumentados, que algunas ONG cifran en casi un millón, ha seguido creciendo dos años después del proceso extraordinario de regularización. Por eso, el arraigo social y laboral pueden ser un nuevo mecanismo para aflorar extranjeros en situación irregular.
DETENCIÓN POR LA MUERTE ACCIDENTAL DE DOS TRABAJADORES
ALTA INDEMNIZACIÓN: SE TIRÓ POR LA VENTANA
El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración a indemnizar con 180.303 euros a una mujer internada en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares (Madrid), por ingestión de medicamentos, porque al día siguiente se tiró al vacío desde una ventana del centro hospitalario, por falta de vigilancia, a pesar de que "no se encontraba en condiciones de normalidad".
El alto tribunal ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que denegó una indemnización a la mujer, porque consideraba que "no puede establecerse la oportuna relación de causalidad entre la actuación administrativa y el resultado producido y ello pues la voluntad de la ahora recurrente interrumpe dicho nexo causal haciendo imposible la imputación del resultado final que pretende".
El 27 de mayo de 1999, la recurrente ingresó en Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, tras haber ingerido medicamentos. Se la trasladó al departamento de observación "para mejorar su situación neurológica" y el psiquiatra de guardia intentó evaluarla ese mismo día y tres veces al día siguiente, pero no pudo al estar adormilada.
El día 28, la paciente tuvo un episodio de gran agitación y se arrancó la vía que llevaba puesta, por lo que el psiquiatra acordó proceder a su sujeción mecánica. Al día siguiente, la paciente "se levantó de la cama y se arrojó por la ventana, produciéndose diversas lesiones", afirma la sentencia de instancia.
La mujer recurrió la decisión de que no se le concediera una indemnización, alegando que había habido "una omisión de unas condiciones mínimas de vigilancia y seguridad, que hubieran sido exigibles, al haber ingresado aquélla como consecuencia de un intento de autolisis y habría sido esa omisión de las medidas de vigilancia, pese a conocerse los antecedentes de la actora, la que habría determinado los resultados lesivos por los que ahora se reclama".
El Supremo explica que para determinar la responsabilidad en lo sucedido es necesario analizar si el intento de autolisis "resultaba o no previsible a la vista de los antecedentes de la paciente". En este sentido, agrega que la Sala de instancia y la recurrente coinciden en que ésta ingresó por un intento de autolisis por la ingesta de medicamentos, por la depresión que padecía desde dos años antes.
Por ello, concluye, "la actora no se encontraba en condiciones de normalidad y ello era conocido por el servicio sanitario que decide mantenerla ingresada en observación y que tenía por tanto el deber de vigilarle cuidadosamente, pues como se desprende, ninguna duda hay que de que la paciente se encontraba privada de una capacidad normal de discernimiento debido a su alteración mental y tal alteración hacía previsible que se comportase creando riesgos, como el de un nuevo intento de suicidio que efectivamente realizó".
De ahí que le corresponda una indemnización, fijada en función de las lesiones que sufrió, porque "no se tomaron en el centro hospitalario las medidas de previsión y cuidado necesarios, sin que pueda considerarse como indebidamente hace la sentencia de instancia que la conducta de la actora constituyera una ruptura del nexo causal".
JUZGADOS DE MADRID: SISTEMA AUDIOVISUAL DE INFORMACIÓN
ESTAFA A INMIGRANTES: EL T.C. REDUCE LA PENA A LA MITAD
El Tribunal Supremo ha rebajado a más de la mitad (de 4 años y medio de cárcel a 2) la pena impuesta a un empresario por un delito de estafa, al exigir dinero a inmigrantes a cambio de un empleo en su negocio, a pesar de que sabía que las solicitudes de regularización no se concederían, porque tenía una deuda con la Seguridad Social de más de 60.000 euros.
El alto tribunal entiende que se le tenía que aplicar la pena menor, porque castiga la conducta delictiva que se refiere a los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo de los extranjeros inmigrantes en España, pero no la de especial gravedad, porque sólo estafó 3.800 euros y el propio Supremo ha establecido el límite para aplicar gravedad por la cuantía defraudada en 36.000 euros.
Tampoco, según el Supremo, debió aplicarse la agravante de abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o de aprovedamiento de su credibilidad empresarial o profesional, porque dichas relaciones no existían ni el acusado ofreció un aspecto empresarial o profesional que no tenía.
No nos entusiasma esta resolución. Antes bien, nos parece que delitos como el comentado merecen mayor castigo, para mayor ejemplaridad.
EMPRESA PRIVADA VIGILA LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
RODRÍGUEZ ZAPATA, EL TC Y EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
FISCALÍA DE CASTILLA-LA MANCHA: PERSEGUIR DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES
Desde la Fiscalía se podrá actuar no sólo en las situaciones de accidentes con muerte sino en aquellas en las que se produzca infracción grave de la normativa de seguridad y salud laboral, comprometiéndose a actuar mediante los principios de celeridad, prontitud y firmeza.
Desde la UA aplaudimos el cumplimiento riguroso de la legalidad en la protección de los derechos de los trabajadores. No es admisible que la eventualidad laboral y el “fácil y rápido beneficio empresarial” cuestionen la integridad y vida de nuestros trabajadores.
SE NOS FUE LÓPEZ AGUILAR. OTRO VENDRÁ...
Palmas y pitos, luces y sombras, en la gestión de Juan Fernando López Aguilar al frente del Ministerio de Justicia, desde el que ha impulsado leyes como la que regulan los matrimonios entre homosexuales o el divorcio exprés y otras que suponen el endurecimiento de la Ley del Menor y del Código Penal.
Desde la Unión de Abogados vemos con preocupación que se impulse desde el poder una legislación contraria a la protección de los derechos más básicos de la persona, así como se atente de forma tan clara y deliberada a la institución orgánica de la familia.
DE JUANA: 3 AÑOS. EL QUE QUIERA NO PENAR, QUE AYUNE
La rebaja de la pena se conoció anoche, después de que los miembros del pleno del Supremo realizaran varias votaciones en una reunión "problemática", durante la que varios magistrados se inclinaron por la absolución, mientras que otros se pronunciaron a favor de elevar la condena a 96 años.
El abogado de De Juana, Álvaro Reizabal, tiene previsto entrevistarse hoy con su defendido, que cumple 99 días en huelga de hambre, y analizar los pasos a seguir tras la decisión del Supremo.
"Ayer también estuve con él y me dijo que hasta verse en la calle no la va a dejar [la huelga de hambre], aunque hoy hay una nueva información y las decisiones no tienen por qué ser siempre las mismas. Pero voy a eso, a hablar con él, a realizar una valoración y a tomar decisiones", ha indicado.
INDIGNACIÓN ENTRE LAS VÍCTIMAS
Por otra parte, Manuel Bermúdez, un guardia civil que vio morir a 12 de sus compañeros en un atentado en 1986 en el que participó De Juana, ha calificado de "lamentable" la rebaja de la condena, al tiempo que ha señalado a la Fiscalía como responsable de lo sucedido.
En sentido parecido se ha expresado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), que ha advertido de que los que han sufrido la violencia de ETA "van a empezar a dudar de la Justicia" con la decisión del Supremo.
Un portavoz de Covite ha señalado que la decisión del tribunal parece condicionada por las "circunstancias" y por la "publicidad" que ha tenido el caso de este terrorista, en referencia a episodios como la publicación de la entrevista en el diario británico The Times.
Precisamente el lunes por la noche Arnaldo Otegi hacía referencia a estas imágenes. Según el dirigente de la ilegalizada Batasuna, la foto de De Juana en The Times puso al Gobierno español "contra las cuerdas" y causó un gran impacto en la sociedad vasca.
EL CGPJ DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que la Justicia siempre actúa dentro de la ley, y "no por oportunos políticos ni por ningún tipo de presión". Ha señalado que la diferencia entre la sentencia del TS y la revocada es que el alto tribunal ha entendido que las amenazas proferidas por De Juana no se encuadran dentro de una actividad terrorista y como tal las califica de amenazas ordinarias.
En este sentido, destacó que en Justicia "hay decisiones difíciles de explicar" y apuntó que "nuestra obligación es explicarlas", si bien recalcó que en este caso puede llamar la atención que haya habido "distintas respuestas tan diferentes entre sí".
"Lo que es evidente es que la Justicia siempre actúa en el ámbito de la ley y de la lógica de la ley, y no por oportunos políticos ni por ningún tipo de presión", agregó López, quien insistió en que la sentencia de la Audiencia Nacional no es desproporcionada, sino una cuestión de derecho, "difícil de explicar", que hay que entenderla "como una actuación lógica dentro del marco del Estado de Derecho".
ITALIA. DEMANDA DE PATERNIDAD: SEIS CODEMANDADOS
El diario local de Bolzano de lengua alemana, el Tageszeitung, cuenta hoy como la chica "que no tenía una relación fija con nadie" decidió que era necesario que el padre supiese que había tenido un hijo. El problema era que no recordaba bien con quien podía haber concebido el hijo y pidió, a través de un abogado, que se realizasen las pruebas de paternidad a diez personas.
En la lista entregada por el abogado a las autoridades locales se encuentra medio equipo de fútbol -seis jugadores del club local-, así como dos concejales del ayuntamiento y un "conocido" empresario de la zona, según cuenta el diario.
El periódico explica además que en la localidad turística, conocida por sus termas y que cuenta con 35.000 habitantes, se ha creado gran expectación ante los resultados de los análisis y que incluso se aceptan apuestas sobre quien será el padre de la criatura.
UNIONES HOMOSEXUALES Y POLIGAMIA: VACÍO LEGAL
'Sólo así se pondría fin a esta difícil situación, facilitando la libre circulación de las personas', según Soto Moya.
OJO AL PHISING : LA AGENCIA TRIBUTARIA, SUPLANTADA EN INTERNET
La AEAT sostiene que nunca envía ningún e-mail para pedir datos de los contribuyentes, ni paga devoluciones con abono a tarjetas de crédito. El dominio que figura en esa página web simulada es www.aeat.es; y los dominios reales son www.aeat.es, www.agenciatributaria.es y www.agenciatributaria.com. La AEAT estudia adoptar medidas legales.
En los últimos meses, se ha popularizado el envío de correos fraudulentos para obtener datos bancarios, suplantando a entidades financieras e incluso al Instituto Nacional de Estadística.