El actual presidente de la asociación Unión de Abogados,
Alberto Gugel, ha sido entrevistado por el portal
Hispaniainfo. En la entrevista se abordan sus distintas facetas: su trayectoria personal, su activismo político y su labor como jurista comprometido con valores.
Para el presidente de U.A., "el Derecho sólo tiene su sentido si es un instrumento de pacificación social; si no, puede ser de lo más dañino". Gugel hace referencia a los valores del personalismo cristiano que aparecen en los estatutos de nuestra asociación: "Asumir el personalismo cristiano como abogados es defender la vida de todos los seres humanos desde su concepción hasta su muerte, como derecho fundamental. Defender la familia, matrimonio de un hombre con una mujer abierto a la procreación. Defender la primacía del trabajo sobre el capital en las relaciones económicas. Defender el abogado de a pie, independiente, artesano del Derecho. Defender a los Colegios de Abogados como mecanismos independientes, controladores de los poderes públicos. Defender el respeto a los símbolos religiosos que existen en el Colegio de Abogados de Madrid. Hay abogados de Madrid que todavía no conocen que el nacimiento del Colegio de Abogados de Madrid, que tuvo lugar en Alcalá de Henares, se ligó a la defensa de la Inmaculada Concepción de María... etc. Y esto lo pueden acoger todos los abogados de Madrid, con independencia de que sean religiosos, ateos o agnósticos. Si ellos, desde su buena voluntad, llegan a la misma conclusión, adelante, en Unión de Abogados no hacemos exclusiones".
DE LA LABOR DIVULTATIVA A LA IMPLICACIÓN EN LA VIDA COLEGIAL
Recuerda que la actividad de la asociación ha sido durante años fundamentalmente "formativa y divulgativa: nos hemos dedicado a organizar charlas, conferencias, estudios de reformas importantes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.", pero que el año pasado dio un salto cualititativo al impulsar "una de las candidaturas al Decanato del Colegio de Abogados", línea que trabajo que ha continuado este año, apoyando "a dos compañeros que se presentaron al Consejo de la Mutualidad de la Abogacía".
Respecto a las reformas laborales del gobierno Rajoy, con la progresiva descausalización jurídica de los contratos laborales, Alberto Gugel se muestra muy crítico: "España ha perdido su soberanía económica y está en manos de los poderosos de Europa, que han señalado un modelo económico que conlleva un nuevo sistema de relaciones laborales que siempre va a beneficiar al fuerte, al poderoso, en este caso a las grandes empresas, que son las que utilizarán sobre todo dichas reformas. Por otro lado surgirá la picaresca…Pero no nos debemos olvidar que en Derecho Laboral el principio que prima es el 'pro operario'. Los jueces tienen una maravillosa oportunidad para ser independientes. Al final, si no lo evitan los jueces, va a haber más economía sumergida en las pequeñas empresas, más trabajadores autónomos y, en general, el contrato de trabajo se va a parecer más a un contrato de adhesión mercantil como los que firmas con los bancos, empresas de telefonía, etc."
POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Preguntado por la forma de elección del CGPJ, el máximo responsable de U.A. es rotundo: "El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos. Sin embargo, es el órgano que controla toda la carrera judicial, desde su entrada, todos sus nombramientos, y el procedimiento e imposición de sanciones en su caso a los jueces expedientados. Nosotros creemos en la independencia judicial. Por tanto, los miembros de su órgano rector deben ser elegidos por los propios jueces, sin interferencia de los partidos políticos".
Preguntado sobre cómo atajar los incumplimientos legales y de sentencias judiciales por parte de comunidades autónomas, Alberto señala que "para eso están el Ministerio Fiscal y los jueces. Desde mi punto de vista, en la II República Española se actuó de forma más clara y contundente contra las veleidades separatistas de la alta burguesía catalana. En nuestra Constitución vigente, el artículo 2 la fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española… El artículo 155 detalla el procedimiento que el Gobierno debe iniciar contra la Comunidad Autónoma, cuando incumpla gravemente o 'atente gravemente al interés general de España', y el artículo 8 señala que las fuerzas armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Gugel se muestra también crítico con la reforma constitucional que introdujeron en septiembre de 2011 conjuntamente el PP y el PSOE a hurtadillas para consagrar el principil neoliberal de equilibrio presupuestario: "Con la firma y posterior aprobación por parte de las Cortes de España, no olvidemos que no hubo referéndum, del Tratado de la Unión Europea, el Derecho aprobado por sus órganos pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico o bien de forma directa, mediante los Reglamentos, o de manera indirecta, a través de las Directivas. Esto es así por la propia Constitución Española que en su artículo 96 lo establece. Por lo tanto, lo que hicieron los dos partidos mayoritarios es ser consecuentes con la firma de dicho Tratado. España ha perdido mucha soberanía, sobre todo económica, pero no se quiere decir claramente por ningún partido político".
LAS TASAS JUDICIALES, EL MAYOR ATAQUE A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Respecto a la imposición de tasas judiciales, el presidente de Unión de Abogados lo considera "el mayor ataque que se ha producido contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Opina que "si antes ya existía una diferencia, por las presiones que tienen los jueces, ahora, efectivamente, va a haber Justicia para ricos y Justicia para pobres. Nosotros apoyamos en su día la interposición de dos recursos, uno contencioso administrativo porque no se cumplieron los plazos establecidos por la propia Ley en su aplicación y otro de amparo ante el Tribunal Constitucional". La imposición de tasas en vía de recursos es sumamente dañina para Alberto Gugel, por cuanto "los recursos eran un instrumento que teníamos los abogados para controlar errores o arbitrariedades de los tribunales. Un recurso de apelación supone 600 euros, más el 0'5% del valor económico si es persona jurídica quien lo interpone y el 0'1% si es persona física, a lo que hay que añadir los honorarios de procurador y abogado. ¿Quiénes van a poder a recurrir a partir de ahora? Los que les compense gastarse esa ingente cantidad de dinero o los que lo tengan".
Respecto a la anunciada reforma de la legislación sobre el aborto, Gugel no tiene claro qué diferencias sustanciales habrá entre la vigente Ley Aído y la futura Ley Gallardón sobre la materia y si ésta será una simple copia de la Ley Ledesma del 85: "El hecho cierto es que existen grandes presiones para que su contenido no varíe mucho de la Ley actual, que despenalizó la práctica del aborto e incluso, de forma aberrante, la constituyó como un nuevo derecho. A este respecto quiero decir que hay un gran grupo de presión de ámbito mundial que quiere que las Naciones Unidas conviertan al Aborto en un Derecho Fundamental. A lo mejor el Gobierno está esperando a eso".
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