La asociación profesional Unión de Abogados apoya el
Manifiesto Social de la Abogacía, redactado por Javier Pérez-Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro y que pretende articular medios concretos para luchar, desde los Colegios de Abogados, contra la arbitrariedad judicial, la corrupción política y la intromisión legislativa en la vida de los ciudadanos; proponiendo la creación de una sociedad
civil fuerte que sirva de contrapeso a los excesos de los tres poderes
del Estado, y poniendo los Colegios de Abogados al servicio directo de
la sociedad garantizando la independencia de los letrados. El objetivo
final es que la sociedad vuelva a ser dueña de su destino, sin que el
Estado y sus poderes suplan nuestro deber y derecho a ser responsables
de nuestro quehacer personalísimo e indelegable.
El texto cuenta con la adhesión de la
candidatura al Colegio de Abogados de Madrid que encabeza
Montserrat Suarez Abad, que manifiesta su compromiso irrevocable y explicito de llevarlo urgentemente a su realización práctica en el Colegio de Abogados de Madrid si su candidatura resulta elegida el 18 de diciembre de 2012.
El manifiesto queda abierto a su
firma por parte de todos los abogados que quieran adherirse, para lo cual pueden cumplimentar el
formulario online o bien enviar un correo
electrónico a
postmaster@candidaturaicam.com indicando nombre y apellidos, número de colegiado y Colegio profesional al que pertenece.
El texto íntegro del manifiesto es el siguiente:
"En tiempos como los actuales, de crisis y cambios sociales radicales, que limitan la esfera de derechos cívicos,
se hace necesaria la movilización de la sociedad en defensa de la
libertad y la justicia. Y es que estamos en la culminación de la inercia
comenzada hace años de ninguneo de la sociedad, con una actividad
legislativa desmesurada; una actuación ejecutiva sin precedentes en la
afectación de la órbita más íntima de la libertad de los ciudadanos; y
una actuación judicial marcada por la arbitrariedad. En esta tesitura
los abogados, yendo contra su propia naturaleza y razón de ser,
permanecen en silencio. Y decimos en contra de nuestra razón de ser
porque el abogado es, por definición, el 'llamado en auxilio', que eso quiere decir en latín 'advocatus'.
Y es que la actividad del letrado no se debe ceñir a defender los
intereses de un justiciable en un procedimiento concreto, sino que es
más amplia:
el abogado cumple su íntegra vocación empeñando sus fuerzas en la defensa de la sociedad frente a los abusos del poder,
al que tiende de manera natural si no se le limita. La concepción
jurídica de la modernidad quiso evitar los excesos alumbrando la
división de poderes. Sin embargo, tal división, por sí, no ha alcanzado
el objetivo deseado, y ello por cuanto para frenar los abusos del poder no
basta con dividirlo, sino que hay que fiscalizarlo y oponerle, como
contrapeso, una sociedad fuerte y vigorosa, dispuesta a empeñar todos
sus esfuerzos en defensa de la libertad y la justicia.
En España la experiencia de estos últimos años nos enseña, además,
que hemos sido incapaces de limitar al poder. Y es que el partido que
logra la mayoría de diputados en unas elecciones generales tiene
garantizada la mayoría legislativa, que es a su vez la que elige al
poder ejecutivo (que es siempre del mismo color que el legislativo). Y a
la vez ambos (que son del mismo color) eligen al órgano de Gobierno del
Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial), que acaba
siendo del mismo color que los otros dos poderes. De esta forma, frente a
aquella maquinaria demoledora de poder queda el ciudadano solo y
desprotegido.
Es en este momento, por tanto, cuando
se hace más necesario un contrapeso social y cívico, y éste no puede
ser otro que las asociaciones civiles (sin compromisos con el poder, es decir, libres de subvenciones y ayudas comprometedoras) y, entre ellas, las corporaciones profesionales.
Y entre éstas no existe ninguna con la transcendencia de los Colegios
de Abogados. Son éstos, muy principalmente, los que deben amortiguar la
presión del poder frente al ciudadano.
Por eso los Colegios de Abogados, que actúan por sus miembros, los
letrados colegiados, deben cumplir muy principalmente su función
social, y para ello
deben garantizar la independencia de los abogados.
Nuestra función social es denunciar y corregir los excesos
legislativos; es detener la intromisión del poder ejecutivo en los
ámbitos propios de la esfera personal de los individuos, de las familias
y de la sociedad civil en todas sus formas; y es controlar el ejercicio
del poder judicial para evitar la arbitrariedad y el seguidismo con
instrumentos jurídicos de la política partidista. Para ello tenemos que
favorecer la dignificación profesional de los abogados, pues si la sociedad quiere ser libre necesitamos abogados libres.
Queremos construir Colegios que sean auténticas corporaciones
sociales al servicio del ciudadano. Y para poder defender al ciudadano
tenemos que garantizar la libertad del letrado. Para ello proponemos
acciones concretas:
1)
En cuanto a la independencia económica del letrado:
a) Renegociar el pago del turno de oficio con las Administraciones.
Mientras no se actualicen los honorarios y no se garantice el pago
puntual, los Colegios deben sostener la suspensión del turno de oficio
salvo casos de urgencia (detenidos, solicitud de medidas cautelares,
etc.) Y en estos supuestos los Colegios deben garantizar el pago a los
abogados intervinientes creando una 'caja de resistencia'.
b) Creando servicios de recobros de minutas impagadas: los letrados
deben centrarse en la defensa de la sociedad y los ciudadanos.
c)
Contemplando la suspensión de cuotas colegiales en situaciones extremas
(incapacidad, aumento de cargas familiares, etc).
2)
En cuanto a la independencia del Colegio:
a) Debe suprimirse todo acuerdo con las Administraciones (incluidas
ayudas y subvenciones) que pongan en peligro la independencia de
criterio y acción de los Colegios o los letrados.
b) Debe crearse un
patrimonio colegial que nos permita hacer frente a las coacciones
económicas del poder.
c) Los Colegios deben ser corporaciones de ayuda
mutua: exigiremos el deber moral de los abogados prestigiosos y
asentados de ayudar a los abogados que empiezan.
d) Dictar un reglamento
electoral que regule los procesos electorales colegiales, evite fraudes
en el voto por correo e implante definitivamente el voto digital.
c)
Limitando la posibilidad de ocupar el Decanato, como máximo, a dos
juntas de gobierno.
3)
En cuanto a la dignificación profesional:
a) Los Colegios deben exigir la grabación en video de los
interrogatorios policiales; así como de las exploraciones forenses y de
los equipos psicosociales, debiendo entregarse a los letrados todos los
documentos (test, pruebas clínicas) en los que los peritos funden sus
conclusiones.
b) El acceso al turno de oficio deberá realizar por
examen libre de tasas, y no tras el pago de cursos que no garantizan al
ciudadano la formación correcta de su abogado; del mismo modo los
abogados deben tener acceso gratuito, vía on-line, a cursos de formación
continua.
c) Debemos presionar por que se apruebe una ley de relaciones
entre el abogado y su cliente (para garantizar la confidencialidad),
así como del abogado frente a la administración (no es posible, por
ejemplo, que el Fiscal, que por ley es una parte más del procedimiento,
tenga un trato privilegiado sobre el letrado).
d) Debemos dignificar,
recordándola, nuestra historia (pocos saben que algunos de nuestros
colegios, como el de Zaragoza, tienen más de 600 años de historia; o que
fue un miembro del Colegio de Abogados de Madrid, nuestro colega Juan
Pérez Villamil, quien en 1808 redactó el Bando de los alcaldes de
Móstoles, que inició la Guerra de Independencia y el esfuerzo de la
sociedad española de entonces por convertirse en el artífice de la
recuperación de su libertad civil ante un poder político corrupto y
acomodado).
f) Debe hacerse cumplir estrictamente el régimen
disciplinario de los abogados para que el ciudadano sepa que toda desmán
cometido por un letrado tiene su justa sanción: los colegios deben ser
espacios de ayuda mutua y no antros de pandillaje.
4)
En cuanto a la lucha por la eficacia y honestidad judicial:
a) Los Colegios deben solicitar la revisión, para hacerlo más estricto,
del régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales, pues no es
posible que los Juzgados estén atascados mientras muchos miembros de la
judicatura y la fiscalía se prodigan en curso y conferencias
remuneradas.
b) Los Colegios deben denunciar públicamente y ante los
organismos competentes las ineficacias de la burocracia judicial, y no,
como hasta ahora, dar por sentado que es un mal necesario.
c) Los
abogados son los primeros interesados en que los jueces sean justos, por
eso, los Colegios deben personarse en las causas criminales y civiles
seguidas contra jueces por delitos o acciones ilícitas realizadas en el
ejercicio de sus funciones.
d) El Colegio debe abogar por el
establecimiento de 'controles de calidad' en la actuación
judicial: si un letrado lo hace mal, el mercado lo acaba expulsando, sin
embargo si un magistrado lo hace mal, sus sentencias acaban siendo
sistemáticamente revocadas, pero sigue conservando el cargo.
e) Los
Colegios deben luchar por la instauración en todas las jurisdicciones de
los expedientes digitales, facilitando la celeridad y la reducción de
costes.
f) Los Colegios deben conseguir que por ley el abogado tenga una
participación activa en los interrogatorios policiales, así como por la
supresión de los juicios rápidos en materia de violencia, por cuanto
por su configuración impide el ejercicio del derecho de defensa.
5)
En cuanto al control del poder legislativo y el ejecutivo:
a) El Colegio debe informar obligatoriamente de cualquier iniciativa de
ambos poderes que afecte al ámbito de las libertades y la justicia. En
concreto debe velar porque ninguno de ambos poderes se inmiscuya en
ámbitos que corresponden a la órbita personal de derechos y libertades
de los ciudadanos.
b) El Colegio deberá oponerse a cualquier proyecto
que pretenda la 'ingeniería social', es decir, cualquier
proyecto del poder que quiera crear una sociedad a su imagen y
semejanza: es la sociedad la que debe configurar al poder, no el poder
el que debe configurar la sociedad.
c) Los Colegios deben denunciar los
proyectos legislativos que tiendan a favorecer injustamente a un parte
de la sociedad (leyes mercantiles que favorecen a las grandes empresas
frente a las pequeñas y medianas; leyes o amnistías que afectan a bancos
y no a los obligados hipotecados; leyes de cuota y paridad que atentan
al principio de mérito e igualdad; leyes y actos que favorecen a unas
regiones frente otras. A este último respecto los Colegios de Abogados
deben ser defensores de la variedad y pluralidad histórica de cada
región, pero enmarcada siempre en el principio de la unidad jurídica de
España.
En resumen, debemos mostrarnos fuertes con los fuertes y débiles con
los débiles para demostrar que otra sociedad es posible. Y es que una
sociedad rectamente configurada necesita de corporaciones libres y sin
ataduras, y por eso queremos que
los Colegios de Abogados estén al servicio del colegiado porque previamente estén al servicio de la sociedad. La
sociedad no puede caer en la inercia de creer que, una vez conseguida la
libertad, ésta se mantendrá sin que haya manos que la defiendan y
apuntalen. Por eso pedimos más sociedad y menos política.
En Madrid, a 20 de noviembre de 2012".
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