Desde el año 2008, el presupuesto de la Comunidad de Madrid para asistencia justicia gratuita siempre ha resultado insuficiente y se ha agotado antes de concluir el ejercicio, lo que provocó inaceptables retrasos en la liquidación de honorarios a los abogados del turno de oficio, de tal manera que en 2012 se han abonado actuaciones justificadas un año antes.Con estos antecedentes, ser produce el hecho insólito de aprobación de la Ley la 4/2012, de 4 de julo, con unos nuevos presupuestos para este mismo año 2012, que recortan otro 20 % la partida destinada a justicia gratuita. Es decir, la Comunidad no opta por establecer medidas que puedan reducir –si procede- el gasto real, sino que se limita a rebajar la partida destinada al mismo, a costa de pagar con más de un año de demora. Como el gasto no disminuye por la mera decisión política de que la partida en los presupuestos sea inferior, con la cifra aprobada no sólo no se podrán abonar las actuaciones de 2012 sino que será difícil que terminen de pagarse las de 2011.
Esto ocasiona un grave perjuicio a los letrados que vienen prestando -en su mayor parte con encomiable dedicación y profesionalidad- sus servicios en el turno de oficio, pues, además de que los baremos de honorarios están congelados desde hace nueve años, se produce ese inadmisible retraso en su pago.
Por si fuera poco, la Comunidad de Madrid ha acordado no abonar honorarios a los abogados cuyo cliente no obtenga expresamente el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita. Esto, que puede tener justificación en otros órdenes jurisdiccionales, resulta muy lesivo para los letrados del turno penal. En otros ámbitos, el ciudadano pide voluntariamente justicia gratuita y debe ser advertido de que, en caso de no resultar concedida, tendrá que abonar los honorarios de los profesionales que se le hayan designado de oficio. Pero en materia penal, si el acusado no designa abogado, obligatoriamente se le nombra uno de oficio. Es una imposición legal, con independencia de que lo pida o no, de que solicite o no justicia gratuita y de que colabore o no en los trámites para obtener la misma. En esos casos, hacer recaer sobre el abogado de oficio el riesgo de que sus honorarios resulten impagados, después de haber cumplido con su labor profesional, es una manifiesta injusticia.
Entre las reacciones suscitadas para denunciar esta grave situación, hay que destacar la renuncia colectiva de numerosos abogados de oficio a las guardias a partir de este mes de octubre, iniciativa promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Desde la asociación profesional Unión de Abogados queremos manifestar nuestra disconformidad con el recorte presupuestario en justicia gratuita en Madrid y nuestro inequívoco apoyo a los compañeros del turno de oficio en sus justas reivindicaciones.
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