CONFERENCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL

El próximo jueves 17 de marzo, a las 20 h., tendrá lugar la charla-coloquio La reforma laboral de Zapatero: cómo reformar para que nadie cambie, a cargo del abogado laboralista Manuel Valentín-Gamazo y organizada por Unión de Abogados. 

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Nacional de Prevención de Daños (CEPREVEN), calle de Sagasta núm. 18, de Madrid (Metro Alonso Martínez y Tribunal). 

El tema es de la máxima actualidad, por lo que animamos a la asistencia  y a difundir la convocatoria entre compañeros y personas interesadas en la cuestión

La entrada es gratuita hasta completar aforo, por lo que se ruega confirmar asistencia mediante correo a Inmaculada García y la máxima puntualidad, dado que el portal de acceso al edificio lo cierran a partir de las 20'10 h.

POR LA DIGNIDAD DEL TURNO DE OFICIO

Nuestro compañero de la Junta Directiva de Unión de Abogados, Pedro Pascual Holgado, responsable de la Vocalía de Turno de Oficio, asistió el pasado 10 de febrero a la asamblea convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM).

El Colegio de Abogados viene sufriendo una situación de impago continuado por parte de la Comunidad de Madrid, que repercute en los letrados del turno de oficio. Según se informó en la reunión, en enero de 2011 la Comunidad ha pagado las cantidades correspondiente al 73 % del primer trimestre de 2010 y las previsiones para 2011 no son nada halagüeñas ya que, según las propias estimaciones del ICAM, la cantidad necesaria para cubrir el servicio ronda los 50 millones de euros y la Comunidad ha presupuestado 37 millones. Este problema se venía solventando gracias a los acuerdos de confirming con una entidad financiera, que adelantaba el pago, cargando una comisión, pero las pólizas suscritas sólo alcanzaban 270 días de demora máxima en el pago y, como se ha sobrepasado ese margen, en el último trimestre de 2010 no se ha podido utilizar el sistema. Parece ser que el ICAM está negociando con diversas entidades financieras una nueva línea que abarque al menos 365 días.

El segundo problema viene derivado de la idea de privatización del turno de oficio que siempre viene rondando a los responsables de la Comunidad y que supondría que el mismo fuera prestado por grandes despachos, presumiblemente abaratando costes a través de una menor calidad, personal inexperto y condiciones laborales precarias.

Por votación de los presentes en la asamblea, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º. Suspender la totalidad de servicios de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos, con el respaldo del ICAM, a partir del 15 de marzo de 2011, manteniendo los servicios mínimos sólo para la asistencia a detenidos en Comisarías y Juzgados, violencia doméstica y reos con prisión, hasta que la Comunidad de Madrid abone la totalidad de las retribuciones adeudadas de 2010.

2º. Realizar una manifestación ante la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, el lunes 28 de febrero a las 13'30 horas, en defensa del turno de oficio de Madrid, al que la administración autonómica se niega a dotar del presupuesto necesario para su subsistencia.

3º. Publicar un manifiesto de apoyo al turno de oficio en Madrid, suscrito por juristas, magistrados, jueces, fiscales, abogados del Estado y personalidades, en defensa de la asistencia jurídica gratuita como servicio público.

4º. Constituir una Comisión Permanente de Letrados del Turno de Oficio para coordinar y ejecutar las acciones en defensa del turno aprobadas en la Asamblea.

5º. Emplear un Oso antimoroso al igual que el que en su día persiguió al alcalde Álvarez del Manzano, para que acompañe a la Presidenta de la Comunidad y al Consejero de Justicia Francisco Granados en todos sus actos públicos, denunciando así ante la opinión pública la morosidad con los abogados de oficio, hasta que pague al ICAM la deuda por los servicios de defensa.

UNIÓN DE ABOGADOS CELEBRÓ SU XV ANIVERSARIO

Miguel Manrique de Lara presenta públicamente a la nueva Junta Directiva

El pasado 3 de febrero de 2011 tuvo lugar en el Hotel Rafael Ventas de Madrid el acto de celebración del XV aniversario de la asociación profesional Unión de Abogados. 

Intervención de la Vicepresidenta

Tras el saludo que la vicepresidenta, Ana Grijalbo, dirigió a los presentes, tomó la palabra Fernando Cadalso, que desempeñó la presidencia de U.A. hasta octubre de 2007. Quien fuera primer presidente de la asociación repasó la trayectoria de ésta y las actividades realizadas a lo largo de estos quince años de labor.

Intervino por último el actual presidente, Miguel Manrique de Lara, quien recordó que Unión de Abogados es una asociación profesional con unos claros objetivos marcados en sus estatutos. Aseguró que U.A. es independiente de cualquier partido o grupo de intereses, pero que proclama abiertamente unos principios, en los que ocupa lugar destacada la defensa de España como proyecto nacional, la inquietud por la justicia social y la dignificación de nuestra profesión. 

F. Cadalso se dirige a los presentes

Manrique de Lara presentó a la nueva Junta Directiva y recordó que, quince años después, siguen vigentes los mismos problemas que cuando nació Unión de Abogados y por eso el proyecto, ahora con más experiencia, sigue siendo necesario.

Finalizó con un llamamiento a  los abogados que se sientan identificados con nuestros valores para que unan sus esfuerzos a esta asociación, porque así "la tarea será más fácil y, desde luego, más cálida".

Al términos de las intervenciones, los asistentes compartieron, en animada conversación, un vino español.

EXTINCIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA TRAS LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE AL BANCO

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado un auto, que está recabando amplio interés informativo, por el que confirma la decisión de un Juez de Primera Instancia de dar por extinguida una deuda hipotecaria tras la adjudicación del inmueble al propio banco.

Tras haber ejecutado la hipoteca por el crédito impagado y quedar desierta la subasta, el banco solicitó la adjudicación del inmueble a su favor por un valor de 42.895 €. Pero, al interesar que se continuase la ejecución por el resto de la deuda (otros 28.129,52 € de principal más 8.438,86 € presupuestadas para intereses, costas y gastos) el juez denegó tal petición.

Ahora, la Audiencia Provincial viene a desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera, recordando que la misma había reflejado en la escritura de préstamo como valor del piso para subasta el de 75.900 €, es decir, que el banco se adjudica una finca que él mismo valoraba en una cantidad superior a lo adeudado, por lo que da por saldada la deuda.

La sentencia hace otras consideraciones sobre la incidencia que la mala praxis de los propios bancos ha tenido en la crisis que ha llevado a la devaluación de los inmuebles que constituyen la garantía de los préstamos hipotecarios.

Este novedoso pronunciamiento judicial será, a buen seguro, objeto de recurso por parte del banco ejecutante, pero reabre el debate sobre la conveniencia o no de reformar la legislación española en este aspecto. A diferencia de otros países, donde se admite la dación en pago, en España existe esa doble garantía –personal y real- y procesalmente se contempla esta posibilidad de que el acreedor se adjudique un piso por un valor muy inferior al de tasación y posteriormente continúe reclamando el resto de la deuda.

CONVOCATORIA ACTO XV ANIVERSARIO

En enero de 1996, un pequeño grupo de abogados pusimos en marcha un proyecto que intentaba llamar la atención sobre los problemas de España y de la Justicia y, en nuestra concreta esfera, reclamar la dignificación de nuestra profesión. Aquella vez, cuando lanzamos la idea al aire nos vimos respaldados y sorprendidos de su buen eco, con una nutrida asistencia al acto de fundación, de compañeros con los que compartimos ratos muy agradables y algunos de los cuales han seguido prestando su apoyo continuado al proyecto de una u otra manera.

Con nuestras modestas fuerzas pero con tesón, hemos venido trabajando por los fines que nos propusimos desde esta asociación que cumple ahora 15 años. La celebración de ese aniversario es una buena ocasión para renovar ese compromiso con la dignidad humana, con la Patria unidad y plural, con la justicia social, para continuar prestándonos apoyo mutuo en nuestra dedicación profesional, y para ejercerla desde unos valores compartidos.

Por ello hemos convocado una reunión abierta tanto a asociados como no asociados, que tendrá lugar el próximo jueves 3 de febrero de 2011, a las 20 horas, en el Hotel Rafael Ventas (calle Alcalá, 269, de Madrid), en la que tendremos ocasión de conmemorar ese 15º aniversario y diseñar entre todos el futuro más inmediato de Unión de Abogados. Al finalizar, se servirá un vino español.

NUEVA ETAPA DE UNIÓN DE ABOGADOS

Tras una reunión abierta de asociados celebrada el pasado 18 de noviembre, se ha acordado el relanzamiento de Unión de Abogados, con el diseño de un plan de actividades para los próximos meses, abriendo así una nueva etapa en esta asociación próxima a cumplir quince años.

La Junta Directiva se refuerza con nuevas incorporaciones y queda como sigue:

- Presidente:  Miguel Manrique de Lara

- Vicepresidenta: Ana M. Grijalbo

- Secretaria: Inmaculada García

- Tesorero: Emilio Esteve

- Vocales: Diego Cámara (Actividades), Carlos Javier Galán (Comunicación), Alberto Gugel (Formación), Pedro Pascual (Turno de Oficio), César Huerta (Colaboración profesional), Luis Fernando de la Sota (Relación con asociaciones).

¿POR INVESTIGAR?

Por Carlos Javier Galán, abogado

Publicado en su blog La nota discordante, 14.04.10.

  

Imaginen un delito grave, de los que más rechazo puedan producirles. ¿Una violación, por ejemplo? Sea. Supongamos, pues, que la víctima de una violación presenta denuncia ante el Juzgado de guardia. Supongamos que el juez que está de guardia no es legalmente competente para asumir la causa y sólo puede y debe realizar las diligencias urgentes. Supongamos que ese juez se siente tan identificado con la víctima y con su padecimiento que decide, en contra de la ley, declararse a sí mismo competente para llevar el asunto. La defensa del presunto violador le hace notar que no le corresponde la competencia legal y que debe pasar la causa al juez competente, pero él continua adelante. Posteriormente, la defensa del presunto violador presenta una denuncia contra el juez por vulnerar la ley conscientemente y el tribunal competente decide por unanimidad admitirla a trámite y, finalmente, abrir proceso.

¿Sería correcto y riguroso, en ese supuesto, un titular periodístico que dijera: “PROCESADO UN JUEZ POR INVESTIGAR UNA VIOLACIÓN”? No, ¿verdad? Cuando menos, falta algo.

Pues eso. A Garzón, digan lo que digan no pocos medios, no se le ha procesado “por investigar los crímenes del franquismo”. Se le ha procesado, como nos pasaría a usted y a mí si lo hiciéramos, por vulnerar –presuntamente- la ley. Y tendrá la oportunidad de defenderse y de intentar demostrar que no ha sido así.

Ah, y en el ejemplo, para centrarme sólo en el aspecto jurídico y no contaminarlo con el fondo, he señalado un delito claro y perseguible, con un presunto autor identificado y con un móvil en la actuación del juez –la identificación con la víctima- que pueda parecer incluso noble. La cuestión se agravaría si, además de esto, al juez del ejemplo le trajera al pairo determinar la responsabilidad de la violación, le importara un bledo la víctima de la misma y sólo le interesara la repercusión mediática del caso, que es lo que yo creo, aunque esto ya es mi particular y discutible impresión.

DERECHO DE DEFENSA Y GRABACIONES ILEGALES

Por Carlos Javier Galán, abogado
Publicado en Jurismadrid, 11.01.10

Hablar de Estado de Derecho implica que quien actúa en contra de la ley vea sancionada su conducta, que no exista impunidad para quien se salta las normas que rigen nuestra convivencia. Pero también implica que esa condena no se produzca sino como resultado de un proceso justo, en el que la culpabilidad se vea confirmada con pruebas y en el que la persona acusada pueda ejercer plenamente su derecho de defensa.

Y para que esa defensa sea una realidad efectiva, nuestro ordenamiento prevé la intervención de un profesional del Derecho –el abogado- y dota de una serie de garantías a su actuación. Entre ellas, es básica la existencia del secreto profesional: el acusado debe poder comunicarse con su letrado en un marco de plena confianza y con la seguridad de que sus confidencias están protegidas.

Recordar esto a los ciudadanos es una necesaria labor didáctica, para concienciarles de que no existen atajos en la persecución de las conductas ilícitas y la determinación de responsabilidades, de que las garantías, las obligaciones y los derechos son para todos, de que esto hace más libre y más justa nuestra sociedad y no necesariamente menos eficaz en la persecución del delito… Pero, si es imprescindible hacerlo con los ciudadanos, tener que recordar conceptos tan elementales a los responsables políticos, a los jueces o a los abogados es algo que resulta cuando menos descorazonador.

Cuando leí en la prensa que se habían grabado conversaciones entre los imputados del caso Gürtel y sus letrados y las condiciones en las que se habían producido tales irregularidades, me sentí preocupado y escandalizado.

Acudí a la web del Consejo General de la Abogacía y me encontré un comunicado de 9 de octubre de 2009 donde este organismo denunciaba “la violación del derecho de defensa y del secreto profesional” como un “gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” que “repugna al sentido común”.

Fui a continuación a la web de mi Colegio, el de Madrid, esperando igual firmeza en pro del derecho de defensa, pero no encontré ningún pronunciamiento. La respuesta del Colegio de Abogados madrileño se hizo esperar más de diez días, hasta la reunión de la Junta de Gobierno de 20 de octubre, pero, cuando por fin llegó, pensé que tal vez compensaba la tardanza con la contundencia: no se limitaba a denunciar sino que anunciaba actuaciones concretas, tales como otorgar amparo a los letrados objeto de las grabaciones ilegales, elevar protesta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, disponer la personación del Colegio en los procesos que se iniciaran y autorizar la presentación de una querella contra el juez responsable de semejante violación, Baltasar Garzón.

Desde entonces, ninguna noticia había vuelto a tener sobre el particular, hasta que algunos medios de comunicación han informado de la queja de los letrados afectados porque, más de dos meses después, no se ha presentado tal querella, a pesar de la gravedad de estos hechos, que pueden sentar un precedente inadmisible, ante el que la abogacía no puede permanecer pasiva.

Las conductas denunciadas en la trama Gürtel me parecen gravísimas. No tengo la menor simpatía personal ni política con los imputados. No conozco a ninguno de los abogados que llevan su defensa. De hecho, me alegraré si se consigue probar quiénes son los responsables de tales actuaciones delictivas y celebraré que, en ese caso, resulten condenados conforme a Derecho. Pero todo ello en un juicio justo, con garantías y sin ilegalidades.

Como español de a pie y como profesional de la abogacía, me repugna que se hayan intervenido sin cobertura legal las comunicaciones de unos imputados con sus abogados. No me sorprende que no haya reacción de la sociedad, porque determinados conceptos, aun siendo claves para garantizar las libertades de todos y un sistema procesal justo, a veces no son comprendidas por el común de la ciudadanía y otras veces, aun comprendiéndolos, no se percibe su verdadera importancia. Pero me parece inadmisible que no exista una reacción inequívoca y activa por parte de los órganos que nos representan a los abogados. En este caso, además, no estarían defendiendo sólo intereses profesionales sino, sobre todo, el interés general.