EL DNI ELECTRÓNICO, ANTES DE TERMINAR 2007
PHISING: LA GENTE SIGUE PICANDO
Publicado en Líder Digital, 28.02.07
España ha recuperado el tercer puesto entre los países más afectados por los ataques de phishing a entidades financieras durante enero, tras acvmular un 6% del total, frente al 2% de diciembre de 2005, según los datos de RSA.
En total 7 entidades financieras españolas fueron víctimas de phishing y sumaron un total de 62 ataques, todos ellos provenientes de Estados Unidos y Belize. Los principales países emisores de ataques continúan siendo Estados Unidos, Alemania y Francia, mientras que Belize y Japón, históricos en esta lista, desaparecen de los 10 principales países emisores.
A nivel mundial, los ataques de phishing descendieron sensiblemente en el primer mes de 2007, con un total de 161 ataques frente a las 205 entidades afectadas durante diciembre del pasado año. El estudio refleja el descenso de ataques a entidades de Estados Unidos y el incremento en el resto de países.
Los ataques sobre entidades norteamericanas se redujeron desde el 79% de diciembre de 2006 al 66% de enero, por delante de Reino Unido, con un 15%, frente al 10% de diciembre, y Canadá en cuarto lugar junto con Alemania y México y sendos 3% de los ataques.
Además, RSA ha detectado un nuevo kit de phishing universal para generar ataques a medida y señala que las prácticas fraudulentas en Internet "siguen sucediéndose, con el phishig como la amenaza más extendida".
El Centro de Mando Antifraude de RSA ha estado monitorizando de cerca y actuando "agresivamente" contra este tipo de ataques generales contra instituciones financieras de todos los tamaños y, además, ha estado trabajando activamente para identificar los "sofisticados e innumerables esquemas que están siendo utilizados por los defraudadores".
Los analistas no son muy optimistas al respecto, ya que el número de bancos atacados ha vuelto a los niveles de noviembre, lo que indica que los defraudadores continúan enfocándose en sus objetivos "favoritos".
IU DENUNCIA: ESPAÑA VENDE ARMAS A MARRUECOS, PERJUDICANDO A LOS SAHARAUIS
El eurodiputado de IU Willy Meyer denunció hoy el 'macrocontrato' que firmaron España y Marruecos por valor de unos 200 millones de euros para la venta de armas porque afirmó que Rabat lo utilizará para rearmar a su ejército, que tiene entre sus funciones 'la ocupación de los territorios del Sáhara, la vigilancia del muro de los territorios ocupados y la persecución de los saharauis que defienden su derecho legítimo a la autodeterminación'.
Meyer recordó también que Marruecos mantiene 'litigios territoriales' con España mediante un comunicado en el que alertó de la firma de un contrato de compra de armas que incluye la transferencia de '1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras para la vigilancia de costas'.
Según el eurodiputado, este convenio representa 'la mitad del total de las exportaciones españolas de 2005 en material de defensa' y considera que con él el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 'contribuye a rearmar al ejército marroquí' y toma partido en el conflicto entre Rabat y el Frente Polisario.
'El señor Zapatero renuncia a ejercer su obligación de administrar el proceso de descolonización auspiciado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, plegándose a los intereses marroquíes que incumplen sistemáticamente las resoluciones de la ONU', afirmó.
Meyer añadió que este contrato se suma a 'la reciente abstención de España en la comisión de descolonización de la ONU en relación al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui', con lo que Rodríguez Zapatero se convierte en 'cómplice' de la política marroquí 'que impide y reprime al pueblo saharaui a ejercer su derecho reconocido internacionalmente de autodeterminación'.
Meyer recordó también que Marruecos mantiene 'litigios territoriales' con España mediante un comunicado en el que alertó de la firma de un contrato de compra de armas que incluye la transferencia de '1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras para la vigilancia de costas'.
Según el eurodiputado, este convenio representa 'la mitad del total de las exportaciones españolas de 2005 en material de defensa' y considera que con él el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 'contribuye a rearmar al ejército marroquí' y toma partido en el conflicto entre Rabat y el Frente Polisario.
'El señor Zapatero renuncia a ejercer su obligación de administrar el proceso de descolonización auspiciado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, plegándose a los intereses marroquíes que incumplen sistemáticamente las resoluciones de la ONU', afirmó.
Meyer añadió que este contrato se suma a 'la reciente abstención de España en la comisión de descolonización de la ONU en relación al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui', con lo que Rodríguez Zapatero se convierte en 'cómplice' de la política marroquí 'que impide y reprime al pueblo saharaui a ejercer su derecho reconocido internacionalmente de autodeterminación'.
EL MERCADO ESPAÑOL NO PUEDE ABSORBER MÁS INMIGRANTES
Publicado en ABC, 22.07.07
El mercado laboral español no está preparado para absorber toda la mano de obra inmigrante, según el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (ILCA) elaborado por la escuela de negocios IESE y por Adecco.
Los inmigrantes se acercan ya a los 3 millones y suponen el 13,9% del total de ocupados. Un dato significativo del informe es que de los 687.500 nuevos empleos creados en 2006, los trabajadores nacionales ocuparon 228.300 puestos de trabajo, mientras que los inmigrantes coparon 459.200 plazas, lo que supone que dos de cada tres empleos fueron ocupados por inmigrantes.
Los inmigrantes se acercan ya a los 3 millones y suponen el 13,9% del total de ocupados. Un dato significativo del informe es que de los 687.500 nuevos empleos creados en 2006, los trabajadores nacionales ocuparon 228.300 puestos de trabajo, mientras que los inmigrantes coparon 459.200 plazas, lo que supone que dos de cada tres empleos fueron ocupados por inmigrantes.
DENUNCIADAS IRREGULARIDADES EN TIENDAS DE INMIGRANTES
Publicado en El Mundo, 22.02.07
La Confederación Española de Comercio (CEC) ha denunciado la permisividad de las autoridades ante las irregularidades e incvmplimientos sistemáticos de la legislación comercial por parte de establecimientos regentados por inmigrantes, que podrían encubrir el blanqueo de dinero y la explotación de trabajadores.
Así lo ha asegurado el secretario general de la CEC, Miguel Ángel Fraile, para quien "no es aceptable" que autoridades locales y centrales "obvien que aquí hay un problema que está generando competencia desleal e incluso explotación de personas". "Pedimos que actúen, no pueden mirar hacia otro lado", reclamó. Las comunidades Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias concentran la mayoría de irregularidades, que pasan desde aprovisionar a los 'top manta' a importar mercancía extracomunitaria de forma ilegal, distribuir falsificaciones y productos sin garantías sanitarias, incumplir la legislación laboral y de seguridad, y no contar con la licencia adecuada, entre otros.
Así lo ha asegurado el secretario general de la CEC, Miguel Ángel Fraile, para quien "no es aceptable" que autoridades locales y centrales "obvien que aquí hay un problema que está generando competencia desleal e incluso explotación de personas". "Pedimos que actúen, no pueden mirar hacia otro lado", reclamó. Las comunidades Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias concentran la mayoría de irregularidades, que pasan desde aprovisionar a los 'top manta' a importar mercancía extracomunitaria de forma ilegal, distribuir falsificaciones y productos sin garantías sanitarias, incumplir la legislación laboral y de seguridad, y no contar con la licencia adecuada, entre otros.
"Las irregularidades se dan especialmente en establecimientos regentados por inmigrantes", insistió este portavoz. A su parecer, "es evidente" la "permisividad y descoordinación" de las diferentes administraciones públicas, por lo que considera necesario reforzar las inspecciones y controles en los comercios.
Fraile puntualizó que los titulares de estos establecimientos se declaran empresarios individuales en algunas ocasiones, "cuando en realidad forman parte de una red comercial", por lo que deberían tributar fiscalmente como un grupo empresarial y no como un comerciante autónomo.
Denunció además el pago de importes muy elevados, superiores a los precios de mercado, por los locales comerciales, sin que se declare la procedencia de los medios financieros aportados. Según el responsable de la CEC, "la procedencia de estos fondos es poco clara y podría venir del blanqueo de dinero".
Fraile aclaró que no todo el comercio regentado por inmigrantes se caracteriza por estas prácticas e insistió en la necesidad de no generar una "alarma innecesaria", pero advirtió al mismo tiempo de que el número de irregularidades registradas crece progresivamente, sobre todo en algunas comunidades autónomas.
Para contribuir a erradicar estas prácticas, la CEC propone al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a las autoridades laborales regionales que asesoren a los inmigrantes para que no incumplan la normativa comercial y difundan una guía de buenas prácticas para mejorar la atención al cliente, entre otras medidas.
La CEC también recomienda a Gobierno central y regionales que pongan en marcha políticas activas para favorecer la contratación de inmigrantes en su país de origen y colectivos desfavorecidos, y que impulsen programas de formación de parados, con el fin de cubrir la demanda de unos 50.000 puestos de trabajo anuales en el comercio tradicional.
"Es inaceptable que muchos comercios quieran expandirse y no puedan hacerlo por falta de mano de obra. Y que la mejor forma de encontrar trabajadores sea poner un rótulo en la tienda", lamentó el presidente de la CEC, Pere Llorens.
APLAZAMIENTOS DE JUICIOS: EN LOS JUZGADOS DE VALENCIA LOS EVITARÁN
Los juzgados de la Comunitat Valenciana contarán a lo largo de este año con un "pionero" sistema informático que permitirá reducir el número de aplazamientos en los juicios por imposibilidad de asistencia de alguno de los intervinientes convocados ya que, a través de éste, "se podrán conocer de antemano las agendas de los convocados y actuar", según anunció este lunes el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta.
POSIBLE SUPRESIÓN DE LOS BAREMOS DE HONORARIOS
El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su presidente, ha mostrado a las autoridades competentes su preocupación por la anunciada supresión de los baremos orientativos de honorarios que establecen los Colegios de Abogados por el perjuicio que pueden ocasionar al ejercicio de la profesión de abogado en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como a los intereses de éstos. Al mismo tiempo señala su voluntad de cvmplir escrupulosamente la normativa europea en materia de competencia.
En este sentido, manifiesta:
1º.- “Se trata -según ha expresado el presidente del CGAE, Carlos Carnicer- de cumplir escrupulosamente la normativa europea en materia de competencia sin perjudicar lo que entendemos representa el ejercicio de la profesión de abogado como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Los honorarios mínimos fueron eliminados mediante la reforma que se introdujo en la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales por el Real decreto 5/1996 y por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Esas tarifas han existido en Italia hasta el año pasado, y sobre ellas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo que, no obstante, señala que corresponde a las autoridades nacionales comprobar si una normativa tal “responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos”, en cuyo caso podrían ser aceptadas.
2º.-El CGAE ha pedido un informe jurídico, que será analizado por el Pleno del Consejo, con el fin de garantizar la libertad de mercado y la libre competencia sin perjudicar ni menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, señala Carnicer, en el ejercicio de la tutela judicial efectiva tiene singular trascendencia el acceso a la justicia y la liquidación de las costas que se generan con el propio desarrollo del proceso. “De alguna forma habrá que fijar, dentro del importe total de las costas, los honorarios que corresponden al abogado que ha defendido a la parte vencedora, y de alguna manera deberá conocer el ciudadano lo que pueden costar los servicios jurídicos y, especialmente lo que podrá recuperar a través de la imposición de costas”. Para el máximo representante de los abogados españoles también es importante determinar quién y de qué forma debe fijar el normal precio de los servicios jurídicos cuando las Administraciones Públicas concierten servicios jurídicos mediante concurso, actuación cada vez más frecuente.
3º.- La Abogacía está a favor de la libertad de precios y de la libre competencia con la única limitación de cvmplir las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Abogacía en Europa. “Consideramos, señala Carnicer, que el valor jurídico que pretenden proteger las normas de la competencia no resulta tutelado sin que los consumidores tengan al menos la posibilidad de conocer cual es el precio racional de los servicios de los profesionales. En definitiva, nadie puede defender o negociar un precio justo sin conocer, como mínimo, el coste razonable del bien o servicio a adquirir”.
4º.- El presidente de la Abogacía Española se ha comprometido a que la institución que preside se esfuerce en resolver las asimetrías informativas que hasta este momento se hayan podido producir. “Vamos a recordar en los impresos la libertad absoluta de precios entre el cliente y el abogado para que concierte los honorarios antes de iniciarse el trabajo suscribiendo la oportuna hoja de encargo tal y como impone la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en las Cortes españolas el 16 de abril de 2002”.
5º.-En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que los Colegios de Abogados, que son corporaciones de derecho público, ni tienen ni han tenido nunca la voluntad de limitar la competencia ni la libertad de precios, sino orientar a los ciudadanos y facilitar a los jueces el desarrollo de su labor
En este sentido, manifiesta:
1º.- “Se trata -según ha expresado el presidente del CGAE, Carlos Carnicer- de cumplir escrupulosamente la normativa europea en materia de competencia sin perjudicar lo que entendemos representa el ejercicio de la profesión de abogado como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Los honorarios mínimos fueron eliminados mediante la reforma que se introdujo en la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales por el Real decreto 5/1996 y por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Esas tarifas han existido en Italia hasta el año pasado, y sobre ellas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo que, no obstante, señala que corresponde a las autoridades nacionales comprobar si una normativa tal “responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos”, en cuyo caso podrían ser aceptadas.
2º.-El CGAE ha pedido un informe jurídico, que será analizado por el Pleno del Consejo, con el fin de garantizar la libertad de mercado y la libre competencia sin perjudicar ni menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, señala Carnicer, en el ejercicio de la tutela judicial efectiva tiene singular trascendencia el acceso a la justicia y la liquidación de las costas que se generan con el propio desarrollo del proceso. “De alguna forma habrá que fijar, dentro del importe total de las costas, los honorarios que corresponden al abogado que ha defendido a la parte vencedora, y de alguna manera deberá conocer el ciudadano lo que pueden costar los servicios jurídicos y, especialmente lo que podrá recuperar a través de la imposición de costas”. Para el máximo representante de los abogados españoles también es importante determinar quién y de qué forma debe fijar el normal precio de los servicios jurídicos cuando las Administraciones Públicas concierten servicios jurídicos mediante concurso, actuación cada vez más frecuente.
3º.- La Abogacía está a favor de la libertad de precios y de la libre competencia con la única limitación de cvmplir las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Abogacía en Europa. “Consideramos, señala Carnicer, que el valor jurídico que pretenden proteger las normas de la competencia no resulta tutelado sin que los consumidores tengan al menos la posibilidad de conocer cual es el precio racional de los servicios de los profesionales. En definitiva, nadie puede defender o negociar un precio justo sin conocer, como mínimo, el coste razonable del bien o servicio a adquirir”.
4º.- El presidente de la Abogacía Española se ha comprometido a que la institución que preside se esfuerce en resolver las asimetrías informativas que hasta este momento se hayan podido producir. “Vamos a recordar en los impresos la libertad absoluta de precios entre el cliente y el abogado para que concierte los honorarios antes de iniciarse el trabajo suscribiendo la oportuna hoja de encargo tal y como impone la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en las Cortes españolas el 16 de abril de 2002”.
5º.-En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que los Colegios de Abogados, que son corporaciones de derecho público, ni tienen ni han tenido nunca la voluntad de limitar la competencia ni la libertad de precios, sino orientar a los ciudadanos y facilitar a los jueces el desarrollo de su labor
LA GENERALITAT RECURRE LA RECUSACIÓN DEL MAGISTRADO PÉREZ TREMPS
Publicado por Europa Press, 20.02.07
El Gobierno catalán acordó presentar hoy mismo un recurso de súplica contra la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps, apartado del caso del Estatut por haber hecho un informe previo al texto catalán.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu de la Generalitat, el conseller Joaquim Nadal dijo que la Generalitat no decidirá si plantea la recusación del también magistrado del TC Jorge Rodríguez Zapata hasta que el Alto Tribunal decida sobre el citado recurso de súplica a Pérez Tremps.
El presidente José Montilla ya avanzó el pasado miércoles en el Parlament que los servicios jurídicos de la Generalitat analizaban si el magistrado Rodríguez Zapata puede ser recusado por haber hecho un informe similar al de Pérez Tremps.
El conseller Nadal pidió hoy al TC que se pronuncie esta misma semana sobre el recurso de súplica con el objetivo de tener tiempo para plantear la citada recusación contra Zapata.
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